Ley obliga a devolver dinero en estafas electrónicas, pero ABC alerta riesgos
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el expediente 23.908, una nueva ley que busca fortalecer la protección de las personas afectadas por estafas electrónicas y establecer reglas más claras para investigar fraudes y recuperar el dinero sustraído.
Sin embargo, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) advirtió que el texto presenta problemas de diseño jurídico que podrían generar confusión, atrasos e inseguridad para los usuarios.
Ley obliga a devolver dinero en estafas electrónicas, pero ABC alerta riesgos
La normativa pretende corregir una de las principales dificultades que enfrentan hoy las víctimas: procesos largos, técnicos y desiguales para demostrar lo ocurrido. Entre sus cambios centrales incorpora la inversión de la carga de la prueba, lo que obliga a las entidades financieras —que cuentan con registros digitales, bitácoras y trazabilidad de transacciones— a aportar la información técnica necesaria para esclarecer cada caso.
El contexto es crítico. Solo en 2025 se registraron más de 112.000 denuncias por fraudes y delitos digitales ante el Organismo de Investigación Judicial, y las pérdidas anuales rondan los 20 millones de dólares. Además, los fraudes electrónicos han crecido cerca de un 668% entre 2020 y 2024, según datos citados en la iniciativa.
La ley no contempla devoluciones automáticas, sino que cada reclamo deberá analizarse con base en evidencia técnica y manteniendo el deber de cuidado de las personas usuarias.
ABC señala graves errores
No obstante, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó su rechazo al texto aprobado al considerar que genera “inseguridad jurídica” y crea expectativas equivocadas, como la idea de que los bancos deberán indemnizar automáticamente todos los fraudes.
El gremio explicó que el propio proyecto establece un procedimiento de investigación por parte de las entidades financieras, cuya resolución deberá ser revisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), y que, de persistir desacuerdos, los casos podrían terminar en la vía judicial.
También advirtió que existen escenarios en los que no habría restitución, como autofraude, dolo del usuario o validación técnica de la entidad supervisora.
Además, la Asociación señaló que la ley solo cubre operaciones vinculadas a cuentas bancarias y deja por fuera transacciones con tarjetas de crédito, y alertó que el plazo de diez días hábiles para resolver reclamos podría resultar insuficiente, lo que podría atrasar la atención de casos.
Mientras el Congreso presenta la reforma como un paso para equilibrar la relación entre usuarios y bancos y reforzar la custodia del dinero, el sector financiero insiste en que se requieren ajustes para evitar más litigios y demoras. El debate ahora se centra en cómo aplicar la norma sin generar nuevas barreras para las propias víctimas.
