Ley de Empleo Público tiene 476 mociones como último obstáculo
Un total de 476 mociones vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa fueron presentadas en el segundo y último día al expediente 21336, Ley empleo público. Dichas enmiendas deberán ser ahora analizadas por los diputados que conforman la Comisión Permanente de Gobierno y Administración.
Durante el primer día se presentaron 301 mociones, de las cuales fueron aprobadas solo 74.
El presidente de la Comisión, el diputado oficialista, Víctor Morales Mora, explicó que se realizarán sesiones extraordinarias con la finalidad avanzar “Se está trabajado en ordenarlas por tema para tener un intercambio con los diputados de la Comisión con la finalidad de buscar acuerdos”.
Morales comentó que mucho del avance dependerá de las sesiones extraordinarias, “lo ideal es sacarlo lo antes posible”.
Una vez conocidas las mociones en la Comisión, los diputados a los que les fueron rechazadas podrían presentar en el Plenario mociones de reiteración, para insistir sobre sus propuestas.
El diputado Presidente de este órgano legislativo señaló que este es un proceso continuo de diálogo y negociación con los demás diputados, para poder sacar adelante el mejor proyecto posible.
Dentro de las enmiendas para el segundo día están que toda la materia concerniente al empleo del sector público estará bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), quien deberá establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público, presentada por la legisladora Zoila Volio Pacheco.
Volio plantea, además, que el Director General del Servicio Civil será nombrado por quien ostente la Presidencia de la República, previo concurso de oposición.
Mientras que la diputada Aracely Salas propone que se excluya a las instituciones de educación superior universitaria estatal que conforman el Consejo Nacional de Rectores.
Otros congresistas buscan que non procederá la contratación temporal de servidores públicos para la atención de actividades ordinarias de la entidad y órganos incluidos, a excepción de las contrataciones efectuadas por el Poder Judicial, el Tribunal Supremos de Elecciones, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Comisión Nacional de Emergencias o cuando por razones de conveniencia nacional, por inopia o por razones de emergencia sea necesario acudir a esta vía para garantizar la continuidad de los servicios brindados por la respectiva institución.
Por su parte, la legisladora Paola Vega, pide que se excluya de la aplicación de esta ley, las universidades públicas.
Otro grupo de congresistas dentro de los que está José María Villalta Flores-Estrada proponen que, mediante un transitorio, las instituciones de educación superior universitaria estatal que conforman el Consejo Nacional de Rectores, tengan un plazo de hasta tres años para aprobar un sub régimen de empleo universitario.
Fuente Esteban Rojas Suárez, Prensa y Protocolo Asamblea Legislativa.
