Ley de empaquetado neutro del tabaco debe ser una realidad
(Por *Diego Montero para El Guardian) – Costa Rica tiene en sus manos la posibilidad de avanzar hacia una legislación que refuerce la salud pública en materia del control de tabaco y sus derivados, esto a través del establecimiento del empaquetado neutro a estos productos, el cual puede ser una realidad si los diputados aprueban el proyecto de Ley 22.497, el cual se tramita en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.
Este proyecto permite el incremento del tamaño de las advertencias sanitarias, pasando del actual 50% al 80%. Asimismo, incorpora la definición del empaque neutro el cual uniforma un solo color, aumenta el tamaño de las gráficas de advertencia sobre las consecuencias del consumo de estos productos y mantiene la marca de cada compañía. El uso de este mecanismo es para todos los productos de tabaco.
La medida pondría a Costa Rica a un paso adelante de la región centroamericana en normativa de este tipo, así como ser el tercer país del continente americano en aplicarla, varis países miembros de la OCDE lo han puesto en práctica. Cabe destacar que también se enmarca dentro de los lineamientos del Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fue ratificado por nuestro país desde el 2008, el cual en su artículo 11 especifica que las advertencias sanitarias deben ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas y que abarquen la mayor parte posible de dichos empaques.
Por supuesto que iniciativas como esta no han caído para nada bien en la industria tabacalera, la cual desde siempre ha esgrimido argumentos en contra aduciendo que causan daño a la marca, a la propiedad intelectual, libertad de comercio, fomento al contrabando de cigarrillos sin que sus alegatos hayan sido sólidos en ninguna instancia. En este sentido el mejor ejemplo fue el caso llevado contra Australia en ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual no sólo lo perdieron, sino que además quedó clarificado que tales alegatos no tenían fundamento pues, además, priva el derecho universal a la salud, lo que ratifica el interés público de medidas como ésta.
La industria a través de organizaciones que les respaldan han intentado socavar el proyecto de Ley, diversas cámaras empresariales que defienden los intereses de las tabacaleras, pretenden que expediente sea archivado. Sin embargo, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ya han señalado la importancia de que este proyecto sea aprobado. Lo cual es respaldado por la Red Nacional Antitabaco (RENATA) y una importante cantidad de organizaciones de la sociedad civil y del sector salud.
La acción dilatoria de la oposición es intentar retrasar su trámite en comisión. Precisamente ante ello es que hacemos un llamado a los diputados miembros de la Comisión de Asuntos Sociales para que una vez reactivado el periodo de sesiones ordinarias se pueda dar prioridad a esta iniciativa en su trámite.
El empaquetado neutro busca desincentivar el consumo del tabaco y otros productos derivados, especialmente en jóvenes y adolescentes de quienes está comprobado que la aplicación de esta medida retrasa el consumo temprano.
Pero, además, busca impactar de manera favorable en nuestra sociedad, en la cual cada año fallecen más de dos mil personas a consecuencia de enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Son dos mil familias que cruzan por el terrible dolor de la pérdida, una que también genera cargas económicas al Seguro Social y a la productividad del Estado costarricense. Es decir, con el consumo de estos productos pierde la salud pública, el Estado y principalmente la sociedad.
Según el estudio realizado en el 2020 por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina (IECS), el año pasado se recaudaron ₡27.185 millones por el impuesto a los productos de tabaco. La cifra quedó muy corta cuando se considera que los costos directos por atención y tratamientos por el sistema de salud superan los ₡166.780 millones. Esta cifra se eleva muchísimo más si se consideran la pérdida de ₡75.000 millones en productividad a causa de enfermedad y muerte prematura de la población laboralmente activa.
Confiamos en el criterio de las señoras y señores diputados, en la apuesta para que se legisle en beneficio de la salud pública, por el bienestar de las presentes y futuras generaciones, y no se caiga en tácticas dilatorias de un sector que a todas luces sopera más el negocio que los efectos sobre nuestros ciudadanos y las futuras generaciones.
*Escrito por Diego Montero, Vicepresidente de Red Nacional Antitabaco (RENATA)
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