Ley contra la usura: el caso de tarjetas de crédito

(Por Lic. Luis Javier Porras, CPA, para ElGuardian.cr) –  La entrada en vigencia de la Ley 9859 conocida como “Ley contra la Usura” a partir de este mes de Julio 2020, va a tener ciertas consecuencias para los diferentes agentes económicos que ya comenzamos a percibir en el mercado.

En concordancia con lo indicado en dicha ley, el Banco Central anunció que las tasas de interés anual por aplicar en financiamientos vía tarjetas de crédito no pueden superar el 37.69% en colones y 30.36% en dólares, mientras que para “Micro-créditos” el 53.18% en colones y 42.99% en dólares.

El primero en reaccionar fue el Grupo financiero BAC, al anunciar la “desvinculación” de casi 80 mil tarjetahabientes y el despido de casi 400 colaboradores, porque consideran “que para ese tipo de clientes no les es rentable su operación”.

Al BAC probablemente le sigan otros bancos regulados (tales como Promerica, Davivienda), entidades financieras no reguladas (Beto, Instacrédit), y entidades comerciales que dan micro-créditos de este tipo (Monge, Gollo y similares).

Veamos el caso de las tarjetas de crédito, existen tres tipos de clientes:
1- los que usan muy poco la tarjeta de crédito,
2- los que sí la usan bastante pero sólo realizan el “pago mínimo” mensual, por lo que tienen en balance saldos por pagar muy altos
3- lo que usan mucho la tarjeta y realizan pago mensual de contado (no hacen uso del financiamiento).

Los dos primeros son los que constituyen negocios muy riesgosos para las operadoras de tarjetas, por este tipo de clientes es que existían esas tasas tan altas, porque era la forma de compensar el riesgo de incurrir en costos adicionales tales como procesos de cobro judicial.

Con la nueva ley si bien se establece un techo con tasas de interés que siguen siendo altas, tenemos que para el caso del BAC hablamos de un bajón de casi 10 puntos porcentuales (anteriormente estaban en aproximadamente el 46% en colones), es decir una reducción de ingresos de más del 21% de un día para otro!!

El mercado de consumo en nuestro país definitivamente va a sufrir un reacomodo, esta ley obliga a los consumidores a ser más responsables
desde el punto de vista financiero, aquellos días que veíamos en los famosos viernes negros, gente de todos los estratos sociales comprando
pantallas gigantes, celulares, etc., será cosa del pasado.

Los consumidores que ya no tendrán acceso a estas tarjetas de crédito, se limitarán a consumir los bienes y servicios que realmente necesiten, ya no tendrán luz verde para endeudarse por comprar cosas materiales que no necesitan. En nuestro país lamentablemente no entendemos mucho del concepto de educación / responsabilidad financiera, no importa endeudarse para comprar un i-phone último modelo, mientras pudiera seguir pagando el mínimo de la tarjeta, es la cruda realidad que vivimos muchos costarricenses y que a partir de ahora nos choca de frente.

Y bueno, si por un lado se limitará el consumo para estos clientes, por otro lado también los mismos bancos se obligan a repensar su estrategia de mercado, ahora se deberán preocupar por ser más eficientes con sus clientes actuales, más creativos en su oferta para alcanzar nuevos clientes, y no sólo apostar en banca de consumo con tasas altas para así tener rentabilidad a corto plazo, deberán poner de vuelta su mirada a la banca de crédito al sector comercial e industrial (para Pymes, medianas y grandes empresas), que son los sectores que al final de la línea ponen a caminar la economía de nuestro país.

Claramente el consumo del país se verá reducido y esto probablemente tenga consecuencias en el corto plazo en índices económicos tales como producción y por ende empleo, que ya de por sí viene de capa caída desde la época pre-Covid.

Pero prefiero ser optimista y considero que en el mediano plazo este será finalmente un paso importante para replantear la estructura económico-financiera de nuestro país, nos reinventemos como sociedad responsable de nuestras finanzas personales, para que a partir de ahora estos índices vuelvan a crecer de nuevo, una vez que las instituciones financieras eleven la oferta de cantidad y calidad de préstamos al sector comercial e industrial, lo cual sin duda incrementaría en empleo, redundando en mejores salarios que incrementarían de nuevo el consumo de bienes y servicios.

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