La Fiscal General Emilia Navas habla del caso UPAD

En la comparecencia del Presidente de la República, Carlos Alvarado, en la Asamblea Legislativa, sobre el caso UPAD, llamó mucho la atención la filtración de datos sensibles del proceso de investigación.

Ante esto el Ministerio Público pidió al Director del Organismo de Investigación Judicial, iniciar una investigación penal, a efectos de determinar la identidad de la persona o personas que facilitaron al Diputado información privada del expediente.

El Ministerio Público además aclaró sobre este particular:

El Ministerio Público además aclaró sobre este particular:

En el caso conocido mediáticamente como UPAD ha surgido una serie de desinformaciones que me obliga a aclarar algunos puntos para garantizar a la población que la investigación que dirigimos se realiza en total apego a la ley y respetando los derechos de todas las partes.

  • Somos el órgano con mayor interés en que no se dé la filtración de información sensible. Ayer, cuando conocimos que se expusieron datos en la comparecencia legislativa, solicité al OIJ el inicio inmediato de una investigación para identificar a la persona o personas responsables.

Lo anterior, tomando en cuenta que las partes legítimamente representadas en este expediente suman alrededor de 50 personas ajenas al Ministerio Público: entre abogados defensores, querellantes y sus asistentes, imputados y Procuraduría General de la República.

  • Es falso que la Fiscalía General haya entrado a conocer pruebas del caso UPAD de manera ilegítima. Aunque la Ley solo me faculta a explicar este punto ante la Sala Tercera, quiero dar fe de que la evidencia no ha sido revisada.
  • En cuanto a la revisión de los dispositivos electrónicos decomisados a las personas imputadas, de acuerdo con los fines de la investigación penal, que es buscar la verdad real de lo ocurrido, es absolutamente impropio e ilógico descartar cualquier indicio (físico o digital) sin ser revisado. El protocolo propuesto en el caso UPAD, aceptado por el juez de garantías, busca el correcto balance entre derecho a la intimidad y los fines procesales.
  • El hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público en este caso, no significa, en absoluto, que se trate de actuaciones irregulares.
  • Finalmente, quiero informar que todas las acciones realizadas por la Fiscalía General que han requerido control jurisdiccional han contado con el aval de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
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Reitero mi compromiso para continuar investigando el caso bajo los principios de objetividad y transparencia que rigen a la institución que represento.

Redacción

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