Justicia y RACSA firman contrato de urgencia para continuar con servicio de monitoreo electrónico
Próximo 08 de marzo vence el actual contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)
Para garantizar la continuidad del servicio del monitoreo electrónico, el Ministerio de Justicia y Paz, firmó con la empresa del Estado, Radiográfica Costarricense (RACSA), una contratación de urgencia, aparada en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública y 166 de su reglamento.
Justicia y RACSA firman contrato
Esa decisión fue tomada, porque el próximo 08 de marzo vence el actual contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Contraloría General de la República, aun no resuelve la etapa recursiva de la nueva contratación.
Esta medida significará un ahorro de $2.04 por cada tobillera instalada. El precio que ofreció la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para extender el plazo del contrato es de $11.64, mientras que, el dado por Radiográfica Costarricense (RACSA) es de $9.60, con IVA incluido, por tobillera.
El contrato de urgencia, se mantendrá, mientras adquiere firmeza el proceso licitatorio 2022LI-000001-0006900001, adjudicado al: Consorcio para el Monitoreo de personas en C.R. (Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima-Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima-Synergye Tecnología Da Informaçao LTDA), cuyo precio ofertado es de: $ 5.99, es decir, casi la mitad del costo que se paga por el actual contrato.
La Policía Penitenciaria duplicó la cantidad de personal designado a la Unidad de Monitoreo electrónico, 32 hombres y mujeres policías estarán reforzando en distintos horarios dentro de la cobertura de 24 horas, las labores de control y seguimiento de los portadores de brazaletes a partir de hoy.
La Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos, nace con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que la Ley No 9271 y el Decreto Ejecutivo No 40177-JP establecen a la Dirección General de Adaptación Social, como ente supervisor. Actualmente hay 1838 personas monitoreadas electrónicamente, tras una resolución de un juez de la República.
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