La falta de comunicación entre los cuerpos policiales y la  fiscalía fue la causante de que la «golondrina» que mató al joven Keylor Gamboa, el pasado lunes, estuviera en libertad a pesar de haber quebrantado el beneficio de ejecución condicional de la pena, según lo indicado por el Ministro de Justicia Gerald Campos, este jueves en conferencia de prensa.

Justicia no conocía de delitos de «golondrina» que mató a joven

Campos añadió   que hasta este día no tienen una sola consulta sobre si el hombre de apellido Zepeda de 34 años gozaba de algún tipo de beneficio carcelario, tampoco tienen un documento oficial en que se informe de las 31 detenciones y las 18 pasadas a fiscalía de este sujeto quien estaba a poco menos de un año de culminar la condena que por 6 años se le habría impuesto por el asalto con arma blanca a un taxista.

Según detalló el jerarca ya se encuentran en conversaciones con la fiscalía y el Presidente de la República para poner en marcha un barrido de revisión de los más de 2700 privados de libertad que gozan de beneficios carcelarios ya que que la ola de delitos consentidos por personas que gozan de este beneficio es preocupante, puntualizó, todos ellos beneficios otorgados antes de mayo de 2022 cuando asumió funciones el actual cuerpo de la institución.

Según detalló, a este momento, el actual ministerio ha otorgado 593 beneficios de ejecución condicional de la pena, los cuales están siendo revisados para verificar que no haya razón para revocarles dicho beneficio.

 

Manos amarradas

«No señalemos culpables o nos echamos la culpa todos», con esa frase el Ministro hizo énfasis en qué hay varias reformas que hacer para que el sistema penal operé de una forma más efectiva, entre ellos el tema de prisión para deudores alimentarios.

 

Además el Ministro Campos argumentó que la falta de plazas para dar seguimiento a los más de 2700 privados de libertad que gozan de beneficios carcelarios más todos los que se encuentran con sistema de monitoreo, le juegan en contra pues solo cuenta con 4 criminólogos que realicen y revisen los perfiles y con 2 orientadores y 2 trabajadores sociales que le den seguimiento a las condiciones en las que están viviendo su libertad estás personas.

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