Hasta 15 años de cárcel por robar combustible

Los diputados aprobaron en su trámite de segundo debate el expediente  21.447 Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas.

El proyecto tiene por objeto sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo, (Recope),  así como la introducción ilegal de combustibles derivados del petróleo y sus mezclas, en el territorio nacional.

La importación exclusiva de combustibles derivados del petróleo le corresponde a Recope, como empresa pública que administra el monopolio del Estado en la importación, refinación, distribución al mayoreo del petróleo crudo y sus derivados; por lo tanto, toda importación realizada por un tercero no autorizado por Recope es ilegal, por lo que toda persona física o jurídica queda sujeta a las sanciones establecidas en esta ley y en cualquier otra norma vigente.

La iniciativa impone la pena de 6 meses a 4 años de prisión, a quien dañe de cualquier forma el Sistema Nacional de Combustibles. Además si a consecuencia del daño ocasionado se produjera un derrame de combustibles derivados del petróleo, la pena será de cuatro a seis años de prisión.

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En cuanto al robo de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, se impondrá la pena de prisión de 5 a 15 años, a quien, mediante el uso de la fuerza o violencia sobre las personas, se apodere ilegítimamente de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, los cuales pertenecen al Sistema Nacional de Combustibles.

En el transporte y distribución ilegal de combustibles derivados del petróleo o sus mezclas, se impondrá la pena de prisión de 1 a 4 años, a quien, en el territorio nacional, introduzca, transporte o distribuya combustibles derivados del petróleo o sus mezclas de forma ilegal o sin la debida autorización de Recope o del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Solo falta la sanción por parte del Poder Ejecutivo y la publicación en el diario oficial La Gaceta.

Redacción

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