Gobierno explicó a Diputados importancia del proyecto de empleo público para acuerdo con el FMI
En una reunión sostenida este martes, la ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, y la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, conversaron con las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa sobre las prioridades legislativas de las próximas semanas y la necesidad de construir una agenda conjunta para enfrentar el impacto fiscal causado por la pandemia.
Como parte de la reunión, Dinarte y Garrido compartieron con las jefaturas de fracción y diputados independientes la ruta del proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que comenzarán el próximo lunes, en busca de la estabilidad macroeconómica del país y las necesidades de financiamiento que tendrá el próximo gobierno.
Al respecto, repasaron los proyectos de ley ya presentados y su impacto para disminuir el déficit fiscal.
Las ministras fueron enfáticas en la necesidad de hacer los ajustes al proyecto de ley de empleo público para alcanzar el rendimiento necesario de 0,81% del PIB en Gobierno Central, pues la versión actual del proyecto genera un aumento inicial del gasto público de hasta ₡32 mil millones.
“Confiamos en que se hagan los ajustes al proyecto, de tal manera que la reforma al empleo público nos permita contener uno de los principales disparadores del gasto y sea uno de los pilares del acuerdo con el FMI”, afirmó Garrido.
Por su parte, la ministra de la Presidencia indicó que como parte de la ruta de consolidación fiscal se estarán presentando en las próximas semanas los siguientes proyectos de ley:
1. Proyecto de ley de renta global
2. Proyecto de ley para crear un tributo de 0,5% a casas de lujo con valor superior a los ₡200 millones –sustituiría al actual–, que permitiría recaudar hasta 0,17% del PIB.
3. Proyecto para el aporte económico de las empresas del Estado ante la situación fiscal.
4. Proyecto de ley para la venta de la cartera de crédito de CONAPE.
5. Proyecto de ley para que las pensiones superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial (₡450.200) con cargo al presupuesto nacional no aumenten mientras la deuda pública no sea inferior al 60% del PIB. Esto no afectaría a las pensiones del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La medida permitiría contener otro de los disparadores del gasto público y ampliar el alcance de la regla fiscal.
Finalmente, las jerarcas conversaron con las jefaturas de fracción sobre la necesidad de construir alternativas adicionales para generar ingresos suficientes y progresivos, lo cual permitiría completar la propuesta para el FMI para enfrentar el impacto fiscal causado por la pandemia.
