Gobierno de Rodrigo Chaves: Sectores muestran resistencia al Cambio
Tarifas para Gremios, Proyecto para Universidades Públicas,
El Gobierno de Rodrigo Chaves tiene resistencia al cambio de diversos sectores, ahora se suman los Colegios Profesionales y las Universidades Públicas.
Gobierno de Rodrigo Chaves y sus opuestos
El Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Costa Rica (CFIA) acudió al Tribunal Contencioso Administrativo para impedir la aplicación del decreto para eliminar la fijación de tarifas.
“En atención a la información externada por el Poder Ejecutivo el día 14 de setiembre de 2022, en que indica que se firmó el Decreto en que se derogan las tarifas mínimas obligatorias de servicios profesionales, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) manifiesta lo siguiente:
Actualmente, se desconoce el contenido de dicho Decreto, pues aún no ha sido suministrado a las partes interesadas ni publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Que, en virtud de lo expuesto, es importante aclararle a nuestros agremiados al CFIA y a la opinión pública, que las condiciones en cuanto a la obligatoriedad de las tarifas se mantienen igual, hasta que dicho Decreto sea publicitado como en derecho corresponde. Por ende, para la remuneración de servicios profesionales y la presentación de planos en las plataformas electrónicas (Administrador de Proyectos de Construcción Administrador de Proyectos de Topografía) del Colegio Federado, las tarifas se mantienen vigentes.
Por último, este colegio profesional reitera su compromiso por defender los intereses de nuestros agremiados y de la ciudadanía en general, por lo que ejercerá las acciones legales que correspondan, en resguardo de los principios constitucionales de legalidad, jerarquía normativa y reserva de ley que rigen en nuestro ordenamiento jurídico.
En atención la publicación del Decreto Ejecutivo N° a 43709-MOPT-MEIC en el Diario Oficial La Gaceta del día 7 de octubre de 2022, en el que promueve que las tarifas mínimas obligatorias deben leerse por «tarifas de referencia y de uso discrecional», el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) informa que procedió a interponer una medida cautelar, la cual el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, mediante la resolución de las 21:10 horas del 7 de octubre de 2022, suscrita por el Juez Alex Rojas Ortega, resolvió:
«…SE ADMITE la solicitud de medida cautelar interpuesta gestionada por la parte accionante y, en consecuencia, se dispone la supresión inmediata de los efectos del Decreto Ejecutivo No.43709-MOPT-MEIC del 14 de setiembre del 2022, denominado Reforma del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones y Reglamento de Tarifas de Honorarios para los Profesionales de Agrimensura, Topografía e Ingeniería Topográfica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de octubre del 2022. Se ORDENA al Poder Ejecutivo en sentido estricto, esto es, al Presidente de la República en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como al Ministro de Economía, Industria y Comercio, abstenerse de realizar cualquier conducta que, de forma directa o indirecta, pueda tener como efecto el ejecutar dicho acto administrativo de alcance general; lo anterior hasta que no se resuelta por el fondo el presente asunto, con el fin del resguardo de la tutela judicial cautelar adoptada en la presente resolución…»
En consecuencia, siguen vigentes las tarifas mínimas para los servicios profesionales y las condiciones para la presentación de planos en las plataformas electrónicas Administrador de Proyectos de Construcción (APC) y Administrador de Proyectos Topográficos (APT), continúan siendo las mismas.
Gobierno de Rodrigo Chaves y CONARE opuestos
Los Rectores de las Universidades Públicas tampoco se quedaron callados ante el anuncio del Gobierno de Rodrigo Chaves sobre un proyecto de Ley para el FEES y la utilización adecuada de sus recursos.
Agrupados en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) anunciaron oposición:
“Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno de Rodrigo Chaves irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno.
El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) está garantizado en la Constitución Política:
- En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
- En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
- En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.
El FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).
El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.
El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.
Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.
Adicionalmente, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.
Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES.
Nuestras universidades reiteran su compromiso con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Sometemos a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.
El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación”.
Así las cosas, los sectores interesados por interés particulares siguen defendiendo su metro cuadrado, sin examinar la conveniencia país ni los momentos de necesidad de colaboración en general.
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