Fiscalía confirma que son 6 los alcaldes detenidos
Además cinco funcionarios municipales y dos empresarios
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevan a cabo 40 allanamientos, dentro de estos en ocho municipalidades, como parte de una operación en la que se investigan presuntos hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública.
Lugares allanados por la Fiscalía
Las diligencias también se realizan en casas ubicadas en San José, Cartago, San Ramón, Golfito, Siquirres, Escazú y Alajuela, así como en la oficina MOPT-BID y la empresa Explotec, que al parecer obtuvo licitaciones y proyectos de construcción con las municipalidades de Alajuela y San José. Los allanamientos en los municipios implican el ingreso a distintos departamentos dentro de estos, por lo que, el total de puntos intervenidos asciende a 84.
Por estos hechos se encuentran detenidos seis alcaldes municipales, cinco funcionarios de gobiernos locales y dos empresarios.
La organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.
La Fiscalía presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Entre los delitos que se investigan, bajo el expediente 20-009616-0042-PE, están cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que las 13 personas detenidas serán trasladadas al Segundo Circuito Judicial de San José, donde, en el transcurso del día, se les tomará la declaración indagatoria; posteriormente, la Fiscalía solicitará una audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, para la probable petición de medidas cautelares.
Persona detenida | Cargo |
Araya Monge | Alcalde de San José |
Córdoba Soro | Alcalde de San Carlos |
Redondo Poveda | Alcalde de Cartago |
Soto Herrera | Alcalde de Alajuela |
Cole De León | Alcalde de Osa |
Barahona Cortés | Alcalde de Escazú |
Boraschi González | Funcionario Municipalidad de Escazú |
Chacón Ugalde | Funcionario Municipalidad de Alajuela |
Suárez Vásquez | Funcionarios Municipalidad de Golfito |
Mayorga Mayorga | |
Castro Camacho | Funcionario Municipalidad de San José |
Gutiérrez Vargas | Empresa MECO |
Cruz Porras | Empresa Explotec |
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas. A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
Entre los delitos que se investigan, bajo el expediente 20-009616-0042-PE, están cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que las 13 personas detenidas serán trasladadas al Segundo Circuito Judicial de San José, donde, en el transcurso del día, se les tomará la declaración indagatoria; posteriormente, la Fiscalía solicitará una audiencia ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, para la probable petición de medidas cautelares.