Fiscal General justifica porqué duró tanto en allanar Casa Presidencial

Emilia Navas, Fiscal General, detalló el trámite que originó los allanamientos alrededor del caso UPAD, que incluyó la participación de Magistrados de la Sala Tercera.

La preocupación de muchos sectores eran la eliminación de la prueba, pero Navas aseguró que no cree exista destrucción de las mismas.

Los procesos de allanamientos iniciaron a las 4:30 de la mañana del viernes cuando la llamaron de la Sala Tercera para autorizar los allanamientos.

La Fiscalía tiene cuatro denuncias que fundamentaron la diligencia que iba en contra del Presidente Carlos Alvarado, los Ministros Víctor Morales Mora, de Presidencia; Luis Daniel Soto Castro, de Planificación; Luis Salazar, Asesor Legal y Representante de la Comunidad LGTBQ; así como los tres integrantes de la UPAD, y la Jefa del Despacho Presidencial.

Los acusan de los delitos de Prevaricato, Abuso de Autoridad, y Violación a los Datos Confidenciales.

A ellos les decomisaron computadoras y teléfonos celulares, en allanamientos que incluyeron un inconveniente de última hora debido a que Alejandro Madrigal vivía con los papás y dos días antes se pasó de casa, lo cual provocó otra petición de allanamiento.

Decomisaron dos teléfonos al Presidente Carlos Alvarado; uno personal, y otro de sus tareas como mandatario. Éste podría incluir información de carácter confidencial distinta al objeto de la investigación, la cual estará excluida excepto si dan con algún dato relevante que de pie a una Noticia Crimen, lo cual implicaría otro procedimiento.

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Al Ministro Víctor Morales Mora le decomisaron un teléfono pues alegó que sólo uno tenía.

La apertura de la prueba decomisada a los Ministros sólo podrá hacerse de parte de los Magistrados de la Sala Tercera y en presencia de la propia Fiscal General debido a la figura política de los imputados.

Incluso el proceso será llevado tras un procedimiento que incluye pedir permiso a la Asamblea Legislativa.

Debido a que la pena de los tres tipos de delitos es de tres años, agilizarán el proceso para evitar la prescripción.

El Presidente Carlos Alvarado no estaba en su despacho a la hora del allanamiento, y a petición de la Fiscalía acudió casi a las 10:00 de la mañana.

No se llevaron a ningún acusado a declarar, debido a que el Ministerio Público no tiene total comprensión de los hechos, pero ya con la prueba recabada podrán indagar a los acusados.

José Pablo Miranda, de la Fiscalía, señaló que entre lo decomisado puede haber bases de datos en hojas excel y hasta en documentos Word, pero además contarán con peritos forenses informáticos para el análisis de los aparatos electrónicos.

 

Redacción

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