Falsas monjas torturaban niños y desviaban fondos públicos para compras personales

Falsas Monjas deberán dar cuentas a la justicia tras denuncias en su contra que van desde la tortura física, peculado, y suplantación de identidad lo que obligó a un operativo comandando por la Fiscalía y el OIJ.

Falsas Monjas

Nueve entidades públicas participaron en la mañana del martes 5 de marzo en tres allanamientos en los que se busca evidencia para incorporar en una investigación contra cinco personas de la Fundación Manos Abiertas, a quienes se les atribuyen cargos por los presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral y servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado y legitimación de capitales.

Se trata de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la Fiscalía de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) y tres hospitales: Nacional de Niños, Alajuela y Cartago.

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Los allanamientos se ejecutan en la casa de uno de los investigados y en las sedes de la organización, en Alajuela y Cartago. Durante los operativos, el Ministerio Público ordenó la detención de cinco personas, cuatro de ellas son mujeres que se hacían pasar por monjas.

Se trata de cuatro mujeres de 54 años, 52 años, 44 años, 39 años, además, de a un hombre de 52 años, quienes figuran como sospechosos de los delitos de Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral, Tortura, Ejercicio Ilegal de la Profesión, Malversación de Fondos, Peculado y Enriquecimiento Ilícito.

De acuerdo con el informe preliminar, la investigación inició a mediados del 2023, cuando se recibió una solicitud por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la cual se remitió una lista de requerimientos a fin de poder establecer la existencia de una posible malversación de fondos públicos por parte de una Organización sin Fines de Lucro (ONG) que recibía por parte del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y otras instituciones de Estado.

Durante el proceso de investigación, se pudo constatar que en esta fundación, los encargados realizaban en apariencia varios delitos como Explotación Laboral debido a que sus colaboradores tenían un exceso de funciones y no recibían el dinero por concepto de salario; hacían informes con datos erróneos; realizaban malversación de fondos en la compra de bienes y viajes al exterior; y brindaban daño psicológicos a los trabajadores, así como a los pacientes.

En el transcurso del día, se les tomará la declaración indagatoria; posteriormente, se valorará la necesidad particular de solicitar medidas cautelares para mantenerlos vinculados al proceso penal.

En el lugar detectaron a un grupo de mujeres que creían estar ordenadas como religiosas, novicias, al servicio de la Iglesia Católica costarricense, pues eso les hacían creer al punto de someterlas a los votos de pobreza y obediencia.

Las diligencias también incluyeron la atención especializada de personas menores de edad y con discapacidad, que estaban en las dos oficinas de la fundación. Esta intervención fue posible gracias a la Sección Clínica Forense del OIJ, en coordinación con los tres hospitales públicos, a efectos de proteger el derecho a la salud y evitar mayor revictimización.

Según detalló el órgano fiscal, a pesar de que los sospechosos no trabajan para el sector público, les aplica la norma de sujetos equiparados a la función pública, debido a que, en sus desempeños, trabajan con fondos del Estado.

La fundación opera como una organización sin fines de lucro que presta servicio a personas con necesidades especiales, físicas e intelectuales.

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Investigación. En el expediente penal se investiga al grupo de personas que al parecer se ha dedicado a cometer delitos de corrupción para sustraer y desviar dinero público, en efectivo, con el fin de realizar viajes personales y comprar terrenos. Presuntamente, los sospechosos le dieron apariencia de legitimidad a esos fondos, a pesar de que conocían que su origen era producto de actividades ilícitas.

Otra importante línea de investigación tiene relación con supuestos actos de tortura en contra las personas menores de edad que los imputados tenían a su cargo en la fundación y que, al parecer, propiciaron deterioro de la salud e integridad física de estas, ya que eran atendidas por personal de enfermería y medicina que no contaba con los conocimientos necesarios.

Según las fiscalías, también se investiga la aparente explotación laboral en perjuicio de personas que eran reclutadas para trabajar en la organización, puesto que las hacían firmar contratos fraudulentos y no recibían salario, pago de horas extra o vacaciones.

Personas detenidas en allanamientos de esta mañana por la Sección de Anticorrupción:

– Femenina de apellido Rodríguez de 54 años
– Femenina de apellido Villalobos de 44 años
– Femenina de apellido Quirós de 39 años
– Femenina de apellido Hidalgo de 52 años
– Masculino de apellido Granados de 52 años

En los operativos, el Ministerio Público y el OIJ buscan prueba documental, equipo electrónico e indicios relevantes para el proceso 23-00001-1869-PE.

A nivel administrativo, la Fundación será intervenida y quedará bajo la dirección del PANI y CONAPDIS.

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