Estudiantes enfrentan riesgo por escuela en abandono en Pocosol de San Carlos
La evidencia una situación que vuelve a poner en debate las condiciones de infraestructura educativa en zonas rurales de Costa Rica. La Escuela Las Brisas, ubicada en Pocosol de San Carlos, enfrenta serias deficiencias que, según la Defensoría de los Habitantes, comprometen el derecho de los estudiantes a recibir educación en condiciones dignas.
De acuerdo con la inspección realizada el 1 de abril de 2026, el centro educativo presenta un “estado crítico de la infraestructura y las carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad”. Este diagnóstico impacta directamente a 25 estudiantes y al personal docente, quienes diariamente deben adaptarse a condiciones limitadas.
Estudiantes enfrentan riesgo por escuela en abandono en Pocosol de San Carlos
Uno de los aspectos más relevantes es que la institución opera bajo una orden sanitaria vigente desde 2015. A pesar del tiempo transcurrido, las soluciones estructurales no se han concretado, lo que refleja retrasos en la gestión estatal. La Defensoría señala que esta situación obliga a la comunidad educativa a convivir con problemas que incluyen deficiencias sanitarias, deterioro físico de las instalaciones y falta de mantenimiento.
Entre las principales falencias detectadas destaca el incumplimiento de la Ley 7600, al no contar con accesos adecuados para personas con discapacidad. Asimismo, los servicios sanitarios son insuficientes y presentan condiciones inapropiadas. “El espacio no es apto para una persona adulta y las aguas desembocan en un tanque séptico que nunca se le ha otorgado mantenimiento”, detalla el informe.
A esto se suman riesgos adicionales como la presencia de plagas, deterioro en estructuras metálicas, ausencia de señalización de emergencia y limitaciones en el equipamiento básico. En el comedor, por ejemplo, los estudiantes no cuentan con sillas y deben utilizar estructuras de cemento, mientras que las condiciones de la cocina son reducidas.
El impacto para la población estudiantil no se limita a la infraestructura. Los estudiantes deben recorrer al menos tres kilómetros diarios para asistir a clases debido a la falta de transporte escolar. Además, la oferta educativa es limitada, ya que no se imparten materias complementarias como inglés, música o educación física, y el acceso a tecnología es restringido por equipos dañados y baja conectividad a internet.
La Defensoría también identificó debilidades en la comunicación entre el Ministerio de Educación Pública y la comunidad educativa. Aunque existe un proceso administrativo en curso para el diseño de nuevas instalaciones, se advierte sobre la necesidad de mayor transparencia y agilidad en la ejecución.
En ese sentido, la institución hizo un llamado urgente a priorizar la atención de este caso, subrayando que “es inaceptable que, tras casi 11 años de una orden sanitaria, los niños y niñas de zonas rurales sigan recibiendo lecciones en condiciones que ponen en riesgo su integridad física”.
El seguimiento anunciado por la Defensoría busca garantizar 
avances concretos, en beneficio de una comunidad que espera mejoras reales en su calidad educativa y condiciones de aprendizaje.
