Esto solicitó la Fiscalía con el caso Manzanillo

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó una serie de medidas cautelares en la audiencia correspondiente a la causa 24-000003-0611-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en el caso de Manzanillo.

Esto fue lo que solicitó la Fiscalía con el caso Manzanillo

Aquí lo solicitado por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental por todo el proceso.

Solicitud de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental por todo el proceso.

1. Se ordene a quien ejerza el cargo de director(a) del Área de Conservación La Amistas Caribe (ACLAC), revocar y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales aprobados y suspenda inmediatamente la ejecución de dichos permisos de aprovechamiento, así como la entrega de guías de transporte para la madera que se pretenda extraer de esas fincas.

2. Se ordene a quien ejerza el cargo de director(a) del ACLAC suspender y archivar todos los permisos de aprovechamiento de productos forestales pendientes de autorización para las fincas en cuestión.

3. Se ordene la anotación de las fincas ante el Registro Público de la Propiedad, sobre la presente investigación y con el fin de asegurar su recuperación a favor del demanio público.

En contra del imputado Pacheco Dent:

1. Suspender inmediatamente todo aprovechamiento forestal en dichas fincas, así como el transporte de madera proveniente de estas

2. Suspender inmediatamente todo movimiento de tierra, así como cualquier obra civil en dichas fincas.

3. Impedir el tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea, en las trochas realizadas, o en cualquier sector de la finca donde se hayan talado árboles o corresponda a humedal.

4. Retirar a todos los trabajadores presentes en la finca, retirar toda maquinaria pesada, residuos, así como cualquier instrumento que se encuentre en las fincas que permitan el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles.

5. Abstenerse a sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, así como abstenerse a realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.

6. En el plazo máximo de un mes, remover el relleno sobre el humedal utilizado como camino localizado en las fincas.

7. Depositar, ante el Juzgado Penal de Hacienda, el pasaporte y se le impida la salida del país.

8. Presentarse a firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí.

En contra de la imputada Camacho:

1. Inhabilitación del cargo como regente forestal y se le prohíba emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal.

2. Se le prohíba ejercer como regente forestal para el aprovechamiento de productos forestales, bajo cualquiera de las categorías, como planes de manejo, certificados de origen, permiso de aprovechamiento.

3. La inmediata comunicación de la inhabilitación ante el Colegio Profesional respectivo y a la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

3. Depositar, ante el Juzgado Penal de Hacienda, su pasaporte y se ordene el impedimento de salida del país.

4. Firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental con sede en Pococí.


Solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por el plazo de seis meses.
En contra de los imputados Campbell, Cruz y Salas:
 
1. Suspensión en el ejercicio del cargo
2. No acercarse a las oficinas del SINAC-ACLAC.
3. No tener contacto perturbatorio con testigos
 

El presidente de la Republica, Rodrigo Chaves se comprometió en darle seguimiento e incluso señaló que hace 9 meses el MINAE denunció un hecho más grave donde se comprometían 25 hectáreas de bosque virgen en un área de Conservación propiedad del estado costarricense en el mismo sector y a pesar de la gravedad no se han realizado gestiones como si ocurrió con el caso Gandoca-Manzanillo donde por el momento el daño ambiental equivaldría a la tala de 13 árboles, lo cual provocó allanamientos y detenciones de la parte de la Fiscalía ambiental.

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