Empresa EBI lleva al Estado a arbitraje internacional por trabas municipales
La empresa Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A., respaldada por su matriz canadiense, inició un arbitraje internacional ante el CIADI debido a bloqueos municipales que amenazan la continuidad del servicio de gestión de residuos en el país.
“Los propietarios canadienses de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (EBI), dirigido por Gestion Bayonne Inc. (GBI), han iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en virtud del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica”.
La decisión responde a unas recientes acciones arbitrarias por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro, que perpetúan una campaña sesgada en contra a EBI e impiden el avance de nuevos proyectos de tratamiento de residuos, a pesar de contar con todos los permisos ambientales y legales requeridos.
Durante más de “dos décadas, EBI ha sido un aliado estratégico de Costa Rica en la gestión moderna, sostenible y segura de residuos sólidos, operando tres Parques de Tecnología Ambiental (PTA) y tratando cerca del 65% de los residuos generados en el país. Sin embargo, la imposibilidad de habilitar nuevos centros de tratamiento amenaza con detener sus operaciones en el corto plazo”.
Empresa EBI lleva al Estado a arbitraje internacional por trabas municipales
“EBI ha cumplido rigurosamente con todas las normativas ambientales y legales para desarrollar proyectos esenciales que garanticen la continuidad del servicio. Nuestro compromiso con Costa Rica es firme, pero nos vemos forzados a acudir a arbitraje internacional ante la imposibilidad de avanzar por la vía administrativa”, señaló Julien Charbonneau, gerente general de EBI de Costa Rica”.
“El arbitraje, presentado el 27 de junio de 2025, busca vindicar los derechos de la inversión y detener una progresiva expropiación de facto que podría resultar en pérdidas superiores a los 125 millones de dólares, además de agravar una inminente crisis nacional de gestión de residuos, especialmente tras el cierre proyectado del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) La Uruka a finales de este año”.
“EBI y GBI reafirman su disposición a continuar colaborando con todos los niveles de gobierno en busca de una solución responsable, legal y oportuna que permita proteger el bienestar de la población costarricense y el ambiente”.
“Seguimos abiertos al diálogo con las autoridades y confiamos en que este proceso permita retomar el camino de la colaboración para enfrentar juntos los desafíos del país en materia de residuos”, añadió Charbonneau”.
Diputados piden anular norma que afecta a agricultores de papa
