Dueños de MECO y H. Solís quedarán en prisión hasta que paguen millonaria fianza

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública impuso caución penal para los dueños de las constructoras MECO y H. Solís, la tarde de este sábado 26 de junio.

Es decir, Carlos Cerdas Araya (MECO); y Mélida Solís Vargas (de H. Solís), pagarán fianza de $5 millones y $3 millones respectivamente, tras el pago podrán quedar libres pero con medidas cautelares.

Para Tobías Arce, deberá utilizar tobillera electrónica, para  Sonia Solís, Alejandro Bolaños, Abel González, William Herrera, Carlos Solís, Luis Quesada firmar una vez al mes e impedimento de salida del país.

Laura Chaves Mora,  Edwin Castro Rodríguez,  Óscar Martínez Martínez , Erick Rodríguez Araya,  Hugo Fallas Zúñiga, Elsie Carmona Rivas,  Eliécer Rivera Campos,  impedimento de salida y firmar una vez al mes.

Edgardo García, abogado de Manuel Quesada, funcionario del Tribunal Administrativo de Transporte, aseguró que la Jueza Carolina Lizano Salazar argumentó cada uno de los casos y su realidad de poner en peligro la investigación que aún le falta por madurar.

Para las personas investigadas que laboran en sector público: suspensión del cargo, no acercarse a Conavi en un radio de 1 km. No acercarse a testigos.

Dos de los 30 imputados, quedaron exonerados de prisión preventiva,  se trata de Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa constructora Also Frutales y de Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazara las medidas cautelares solicitadas contra ellos por la Fiscalía.

TAMBIEN:  Fiscala General no informó a todos los Magistrados de sus 8 inhibitorias

El pasado lunes 14 de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, realizaron un total de 57 allanamientos incluida Casa Presidencial, donde resultaron detenidas un total 30 personas, entre funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y dueños de empresas constructoras.

El caso denominado como “Cochinilla” desnudó una red de crimen organizado destinada a favorecer a empresas constructoras en licitaciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial costarricense, a cambio de sobornos y favores para funcionarios públicos.

Las autoridades estiman que se dio una malversación de fondos públicos de 78 mil millones de colones, mediante el desvío de presupuestos para obras públicas.

La investigación de este caso comenzó cuando el 27 de noviembre del 2018, el OIJ allanó el CONAVI por el caso conocido como “Megapifia” del puerto de Moín.  En esa oportunidad dos funcionarios de la institución se contactaron con agentes del OIJ para informarles de situaciones de posible corrupción en la institución.

Con intervenciones telefónicas inició la investigación donde se evidenció los sobornos pagos con licor, fiestas, dinero en efectivo,  carnes y hasta servicios sexuales.

Las implicaciones de este caso llegaron hasta la Fiscalía, ya que la Fiscala General, Emilia Navas debió inhibirse.

Redacción

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