Durante la comparecencia del Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, los diputados que hicieron uso de la palabra dedicaron su tiempo a defender a los contribuyentes de Tributación directa que sean señalados como posibles evasores fiscales.

Diputados se preocupan en defender a los contribuyentes

Entre regaños, discursos políticos y pocas preguntas los legisladores mostraron su «preocupación» ante las repercusiones que pudiera tener el Estado si se llegara a demostrar que en el caso contra el Banco BCT y su propietario Leonel Baruch no había delito qué perseguir.

La primera en señalar el tema fue la diputada Johana Obando del Partido Liberal Progresista quien argumentó  que según nuestra legislación sería el estado quien deberá responder por las posibles repercusiones ante un fallo judicial que determine que no hubo delito. «El Estado, si un tribunal judicial así lo determina va a tener que indemnizar a esas personas que por errores. por omisiones, por imprecisiones acusan a cualquier contribuyente en una conferencia de prensa de que ha cometido un megafraude y eso nos va a costar a nosotros pagarlo, no es al estado, no es a hacienda, son mis impuestos y sus impuestos que en caso que se considere que no había ningún megafraude y que ya se señaló con nombres y apellidos nos pueden demandar». 

«No estoy defendiendo a ningún banco, estoy defendiendo a todos los contribuyentes que se pueden ver expuestos a acciones arbitrarias y subjetivas por parte del Ministerio de Hacienda» añadió la legisladora.

Vanessa de Paul Castro, del Partido Unidad Social Cristiana también señaló «cuando se toman acciones de este tipo que me parece que es una acción coordinada y no creo que sea solo del ministro de hacienda si no mas bien que el ministro de hacienda le piden que lo haga una acción de ese tipo es una acción violenta de ese hombre grande llamado Estado que aprovechando el poder hace comunicaciones como esta que daña definitivamente a los ciudadanos indistintamente de si han cometido errores o no»

En su intervención Eliecer Feinzaig le hizo un llamado «como amigo». «La conferencia de prensa que usted convocó fue un acto irresponsabilidad mayúscula un acto de populismo barato un acto que de golpe y porrazo provocó inseguridad jurídica para todo el que quiera venir a invertir en el país», le recalcó el diputado.

Otros legisladores como Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana lo increpó sobre si existe una orden desde el ejecutivo para investigar desde Hacienda a las empresas ligadas a medios de comunicación detractores del gobierno.

En la misma línea la diputada liberacionista Kattia Rivera cuestionó al Ministro si la convocatoria a la conferencia y la denominación de Megacaso partió del Ministerio de Hacienda o bien si el Gobierno tuvo participación en ella. También señaló en su segunda intervención que se hace un daño a la honra de personas y empresas, además del daño a la credibilidad de la Fiscalía al invocar la asistencia de la procuraduría en un caso que «ya está desestimado».

Lo que dijo el Ministro

En todos los casos Nogui Acosta fue enfático en recalcar una y otra vez que desde su despacho no se brindó la información para identificar el caso y que él mismo desconocía los pormenores de los expedientes que anunciaron estaban o estarán  en trámite en la Fiscalía pues para efectos de su función eso no es importante, como tampoco calificó como importante conocer el estado de los expedientes.

Según detalló el ministro el objetivo de la comparecencia era anunciar las acciones que ejecutará el ministerio en el tema de fraude fiscal, como el envío e todos los casos cuyos montos superen los 400 salarios base y el incremento del personal encargado de fiscalizar a las empresas.

Dentro de la información que detalló Acosta en su intervención destaca el hecho de que el promedio que dura el trámite de un caso de evasión para su desestimación es de poco menos de 3 años, mientras que la presentación de la solicitud en este duró 91 días desde que llegó al Ministerio Público.

Añadió que desde el año 2000 existen 114 denuncias de las cuales 39 fueron sobreseídos, 35 desestimadas y tan solo un 2% de estas denuncias llegan a una condenatoria después de procesos muy largos.

Según los datos aportados estos 114 casos significaron un perjuicio para las arcas del Estado de ¢27.405,7 millones.

 

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