Diputados aprueban informe que responsabiliza al Presidente Alvarado por creación de UPAD
Los legisladores aprobaron con 32 votos a favor y 8 en contra el informe de mayoría presentado por la Comisión Especial que analizó la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y que pide remitir toda la información recabada al Ministerio Público para que se investiguen las posibles violaciones a la legislación nacional en el manejo de datos de los habitantes.
En el informe aprobado se pide investigar el posible delito de prevaricato por parte del Presidente Carlos Alvarado Quesada, de Víctor Morales Mora (ex ministro de la Presidencia) y de Luis Daniel Soto Castro (ex viceministro de Planificación Nacional y Política Económica) por la firma de un decreto presidencial que buscaba crear dicha unidad.
También se pide investigar penalmente por falso testimonio a Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación, dado que en su audiencia en la Comisión alegó desconocimiento absoluto del decreto relacionado con la UPAD y se logró demostrar su conocimiento.
El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas también es señalado por el traslado de información sensible al exasesor de Casa Presidencial Santiago Álvarez Ovares aludiendo que se le había solicitado en nombre del Presidente de la República.
La legisladora Silvia Hernández Sánchez aseguró se demostró que el decreto de creación de la UPAD es inconstitucional y se firmó a partir de datos falsos y que el Ministerio de Planificación nunca avaló una reestructuración para el caso de la unidad.
La diputada además llamó la atención al dejar claro que el equipo de la UPAD no contó nunca con ningún tipo de protocolo de seguridad, espacio físico y equipo de cómputo seguro para el uso de datos a los que sí tuvo acceso.
Así mismo aseguró que hasta hoy no se conoce que la Casa Presidencial haya rescindido los convenios de instituciones públicas para el manejo de datos personales como el Sinirube y no se conoce dónde está la información a la que tuvieron acceso los asesores del presidente.
Por su parte la diputada Catalina Montero Gómez defendió la creación y labor realizada por la UPAD asegurando que no se logró comprobar por parte de la comisión que el manejo de datos se hiciera con fines más allá de los públicos y se hiciera transferencia de datos a manos privadas.
Aseguró que se logró comprobar que las actuaciones realizadas con otras entidades públicas estaban respaldadas y facultadas según lo establecido en la legislación atinente.
Además, según la congresista la creación de la Unidad sí estuvo amparada a la Constitución Política, contrario a lo manifestado por la legisladora Silvia Hernández quien aseguró que fue inconstitucional.
La legisladora Shirley Díaz Mejías acusó al presidente Carlos Alvarado de ser el responsable directo de uno de los acontecimientos más oscuros en la historia del país.
Expresó que la UPAD violentó la intimidad de los hogares con información que ahora no se sabe dónde está y quien la tiñe, que han hecho con ella y si se ha aprovechado de ella con otros fines.
Manifestó que si el fin era construir política pública con los datos se debería dar a conocer los resultados para mejorar la condición de muchos costarricenses como es el empleo o el mejoramiento de los emprendimientos entre otros.
A las críticas contra la creación de la UPAD se unió la legisladora Floria Segreda Sagot quién aseguró que su creación fue una violación a la soberanía y operó en la clandestinidad durante muchos meses.
Precisó que quedó demostrado la manipularon de los datos privados los cuales estuvieron expuestos sin autorización de los afectados con el pretexto de hacer política y hasta la fecha no se sabe el uso que se les dio.
El legislador José M. Villalta Florez-Estrada sostiene que no ha habido autocritica por parte del Presidente Carlos Alvarado y la fracción oficialista para aceptar sus errores y enfatizó “son incapaces de aceptar las ilegalidades en las que incurrieron”.
Los legisladores independientes también criticaron la creación de la UPAD y la forma en que la unidad manejó los datos sensibles, uno de ellos fue Jonathan Prendas Rodríguez.
El congresista arremetió contra la fracción oficialista por haber afirmado que no hubo pruebas cuando aseguró otras instancias han comprobado la solicitud y posesión de información clave de la ciudadanía.
El informe aprobado pide también investigar las actuaciones de Eriksson Álvarez Cologne, director del SINIRUBE; María Fullmen Salazar, exdirectora ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social; Santiago Álvarez Ovares, exasesor de Casa Presidencial; a los exasesores y exasesora de Casa Presidencial, Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos, Diego Fernández Montero, Felly Salas Hernández y a Luis Salazar Muñoz, redactor del decreto de creación de la UPAD. Fuente: Prensa Asamblea Legislativa.
