Diputado del PLP propone ley para frenar uso de combustible subsidiado por el crimen organizado
Con el objetivo de cerrar portillos legales y evitar que organizaciones criminales accedan a combustible subsidiado destinado al sector pesquero, el diputado Gilberto Campos presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley N.° 25.425, denominado “Ley para erradicar el tráfico ilícito de combustible para el aprovisionamiento de embarcaciones dedicadas al crimen organizado”.
Diputado del PLP propone ley para frenar uso de combustible subsidiado por el crimen organizado
La iniciativa plantea reformas a las leyes N.° 9096, 7557 y 8754 para reforzar los controles estatales y prevenir que este beneficio público sea utilizado por embarcaciones vinculadas al narcotráfico, la pesca ilegal y el contrabando.
El proyecto surge tras informes e investigaciones que evidencian debilidades en la fiscalización del subsidio al combustible para pesca, lo que ha permitido su desvío hacia actividades ilícitas. Según el legislador, estas fallas han facilitado que redes criminales aprovechen recursos destinados a la producción legítima.
La propuesta incorpora mecanismos más estrictos de control, supervisión y trazabilidad, como sistemas de monitoreo satelital, registros digitales de despacho y mayores capacidades de verificación interinstitucional.
Además, busca fortalecer la coordinación entre entidades como Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y otras autoridades encargadas de combatir el crimen organizado en zonas marítimas y fluviales.
Asimismo, el texto establece sanciones penales y administrativas específicas para quienes participen en el transporte, almacenamiento o comercialización ilegal de combustible subsidiado, e introduce agravantes dentro de la legislación aduanera.
También permite que este delito sea tratado como una actividad vinculada al crimen organizado, habilitando herramientas de investigación más robustas para desarticular estas redes.
“Con esta reforma buscamos modernizar el marco regulatorio del transporte y abastecimiento de combustible, garantizar seguridad jurídica a las actividades lícitas como la pesca y cerrar las brechas que hoy aprovechan estructuras criminales”, señaló Campos.
El diputado subrayó que la iniciativa también pretende proteger los recursos públicos, fortalecer la seguridad nacional y asegurar que los beneficios estatales lleguen exclusivamente a pescadores y operadores legales en Costa Rica, contribuyendo de forma directa a la lucha contra el narcotráfico y otras economías ilícitas en las costas del país.
