Diputadas impulsan proyecto de ley para endurecer penas contra agresores
Las diputadas de la Comisión Especial de la Mujer avanzaron esta semana en dos proyectos de ley que buscan fortalecer la protección de las mujeres frente a la violencia doméstica y promover su independencia económica mediante incentivos fiscales a cooperativas lideradas por mujeres.
Diputadas impulsan proyecto de ley para endurecer penas contra agresores
Se trata de los expedientes 25.023 y 24.730, ambos dictaminados afirmativamente y enviados al plenario legislativo para su discusión final.
Aumento de penas y restricción de beneficios
El expediente 25.023 propone elevar la pena de prisión de 2 a 4 años para quienes incumplan medidas de protección en casos de violencia doméstica. Actualmente, la sanción oscila entre seis meses y dos años.
Según se explicó en la comisión, el objetivo es garantizar que las órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares no queden únicamente en el papel.
“Busca que esta protección no esté solo en el papel, sino que sea real. La razón de ser que una mujer busca protección es para que esta persona no se acerque y hoy pueden recibir el beneficio de ejecución de la pena, cosa que queda prohibida en un agresor que no cumple esta restricción”, señalaron durante la discusión del proyecto.
Uno de los cambios centrales es que se restringirían beneficios penitenciarios en caso de reincidencia en el incumplimiento de medidas de protección. Es decir, si el agresor desobedece la orden judicial de no acercarse a la víctima, no podría optar por ciertos beneficios de ejecución de la pena.
Las legisladoras argumentaron que el endurecimiento de las sanciones responde a la necesidad de enviar un mensaje claro sobre la gravedad de desobedecer medidas dictadas para salvaguardar la integridad de las víctimas.
Desde el punto de vista social, la reforma pretende reforzar la confianza de las mujeres en el sistema judicial, brindando mayor seguridad y respaldo cuando acuden a denunciar situaciones de violencia doméstica.
Incentivo fiscal para cooperativas de mujeres
Por otra parte, el expediente 24.730 propone reducir del 13% al 4% el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan las cooperativas lideradas por mujeres, como medida para incentivar su crecimiento y consolidación.
Para acceder a este beneficio fiscal, las cooperativas deberán demostrar anualmente, mediante una declaración presentada ante el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocop), su crecimiento en ventas, generación de empleo femenino y reinversión en proyectos cooperativos.
“Lo que busca es fortalecer la participación de las mujeres en cooperativas”, se indicó en el análisis legislativo.
Además, se subrayó que la iniciativa apunta a fomentar la independencia económica femenina, considerada un factor clave en la prevención de la violencia.
“Además, fortalecer la independencia económica de las mujeres en la línea de que siempre he señalado que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos estos círculos de violencia de las mujeres se da por esta dependencia económica. Entonces, va en estas dos ramas y lo que hace es fortalecer la participación de mujeres bajando el IVA al 4% para tener estos incentivos”, manifestaron.
Impacto para las mujeres y la sociedad
Ambos proyectos comparten un enfoque complementario: mientras uno busca reforzar la protección jurídica frente a la violencia doméstica, el otro promueve condiciones económicas que pueden contribuir a reducir situaciones de vulnerabilidad.
Especialistas han señalado que la dependencia económica puede limitar la capacidad de muchas mujeres para salir de relaciones violentas. En ese sentido, el acceso a oportunidades productivas y a incentivos fiscales podría traducirse en mayor autonomía financiera.
Al mismo tiempo, el endurecimiento de las penas por incumplimiento de medidas de protección pretende fortalecer la efectividad de las resoluciones judiciales, enviando una señal de mayor rigor frente a conductas reincidentes.
De ser aprobadas en el plenario legislativo, las reformas implicarían ajustes tanto en el Código Penal como en la normativa tributaria vinculada al sector cooperativo.
Próximo paso en el proceso legislativo
Tras su aval en comisión, ambas iniciativas deberán ser discutidas y votadas por el plenario legislativo. En esa etapa podrían recibir mociones, modificaciones o ajustes antes de su eventual aprobación definitiva.
De concretarse, Costa Rica avanzaría en dos frentes considerados estratégicos por las diputadas: una respuesta más firme ante el incumplimiento de medidas de protección en casos de violencia doméstica y un incentivo directo para fortalecer la participación y liderazgo de mujeres en el modelo cooperativo.
El debate en el plenario será determinante para definir el alcance final de estas reformas, que buscan incidir tanto en la seguridad como en la autonomía económica de las mujeres en el país.
