Policía Penitenciaria detiene cuatro funcionarios más por ingreso de ilícitos a cárcel
La Policía Penitenciaria detuvo a cuatro funcionarios más como parte de una investigación por el presunto ingreso de objetos ilícitos a un centro penitenciario del país, ampliando así el número de personas vinculadas a esta red que operaba desde el interior del sistema carcelario.
En la cárcel de La Reforma, Jorge Arturo Montero fue detenida una funcionaria de apellidos Escobar Mora, quien portaba en sus pertenencias, según la revisión, dos cargadores USB, pero solo uno contaba con permiso.
Detienen a cuatro funcionarios más por ingreso de ilícitos a cárcel
En el mismo centro penitenciario, un oficial de apellidos Buzano Zúñiga portaba un disco duro con cable USB en el bolso sin la autorización pertinente.
Tras un dispositivo realizado en la Unidad de Atención Inmediata (UAI) Pabru Presberi en Pérez Zeledón, también fueron decomisados artículos no autorizados.
En el primer caso, al funcionario policial apellido Bermúdez con un cargo de supervisión, destacado en la UAI Pabru Presberi, se le realizó el decomiso de un un manos libres, un cargador y una llave maya USB.
En un segundo caso, procedieron con el decomiso a un funcionario administrativo del Ministerio de Justicia y Paz, encargado del transporte, de apellidos Rubí Jiménez, de un teléfono celular, el cual portaba en la mano sin el permiso de ingreso correspondiente.
Todos los funcionarios fueron puestos a la orden de la Fiscalía.
De esta forma ya son 64 los funcionarios policiales y administrativos del sistema penitenciario que deben responder por acciones impropias.
Además dos proveedores fueron detenidos.
A dos proveedores de apellidos García y Zúñiga, se les decomisó dos teléfonos celulares, uno a cada persona, debido a que no habían coordinado los permisos de ingreso con la administración. La Fiscalía también ordenó el decomiso de los dispositivos y su presentación a la Fiscalía.
Estas acciones reafirman el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la cero tolerancia ante cualquier intento de ingreso de artículos no autorizados a los centros penitenciarios.
