Crisis de hacinamiento carcelario es culpa del Ministerio de Justicia, dice Director del OIJ

Presidente de la Corte anuncia que Regla Fiscal afectará aún más funcionamiento por medir números y no aspectos humanos

La crisis de hacinamiento carcelario en celdas del OIJ es culpa directa del Ministerio de Justicia y del Gobierno del Presidente Carlos Alvarado, así lo señaló el Director del OIJ Walter Espinoza.

“En el proceso de producción hay alguien que está fallando, y no es el Poder Judicial, alguien está desatendiendo las órdenes de los jueces, alguien tomó la determinación de incumplir el mandato de la Sala Constitucional reiterado. En mi pensamiento más cercano, ya no conozco alguien que haya irrespetado más a la Sala Constitucional de la forma en que esta sucediendo. La Asamblea Legislativa acata las manifestaciones, el Poder Ejecutivo, el sector privado, el propio Poder Judicial, el OIJ, y el Ministerio de Seguridad Pública, pues resulta que el Ministerio de Justicia ha sido condenado en los últimos meses en más de 30 o 40 ocasiones, como consecuencia de su falta de acciones, y simplemente incumplen. El Bloque de Legalidad se está destruyendo”, advirtió Espinoza.

Fernando Cruz, Patricia Solano, Gerardo Alfaro, y Walter Espinoza salieron a levantar la voz por el Poder Judicial después de la insinuación del Ministerio de Justicia de responsabilizarlos por el hacinamiento carcelario.

El Jerarca de la Policía Judicial Walter Espinoza incluso anunció problemas en las acciones policiales en combate contra el crímen debido a la crisis carcelaria como una consecuencia inmediata. Al viernes 24 de setiembre habían 255 personas detenidas en celdas judiciales.

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Hasta 49 días permaneció un reo preso en celdas del OIJ, hasta que lograron trasladarlo al sistema penitenciario. En promedio permanecen allí 15 días, e incluso algunos han cumplido la medida cautelar en los espacios carcelarios de la Policía Judicial, según indicó Espinoza.

“Este problema va más allá del tema carcelario. Casualmente ayer conversé con el Ministro de Seguridad Pública, le exponía la situación y le planteaba que nosotros no podemos dosificar la actividad de OIJ, y yo entiendo que ellos tampoco, pueden detener el brío y el embate que tienen en la lucha contra la delincuencia, sobre todo si tomamos en cuenta que vivimos en un país que no necesariamente es tranquilo, tiene una situación álgida, con aumento en tasa de Homicidios, y los índices de violencia se están disparando. Que respuesta le va a dar la policía a la sociedad. Si nosotros seguimos enfrentando este problema pues simplemente hay un desestimulo a la acción policial, y a la protección de la ciudadanía, y hay menos presencia de la policía en calle, porque evidentemente no tenemos dónde albergar de manera digna a quienes detenemos”, señaló el Director del OIJ.

El OIJ interpuso más de 30 acciones judiciales contra el Ministerio de Justicia por no recibirles a los detenidos dentro del sistema penitenciario nacional. El problema también tiene afectación en cuanto a la dinámica del personal de cárceles debido a las condiciones laborales.

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Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado Coordinador Comisión Corte-OIJ denunció que en el caso de la Cárcel de San José, conocida como San Sebastián, existe un informe del 2016 que imposibilitaba más su uso; cinco años más tarde el Ministerio de Justicia no logró resolver y sale a la prensa a anunciar la existencia de 300 espacios en un centro que tiene orden de inhabilitación permanente. Él calificó de inercia la actitud del Ministerio de Justicia de recibir a las personas que tienen órdenes de traslado a un centro penitenciario.

“El informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y el voto de la Sala Constitucional establecieron que la cárcel de San José no es posible utilizarlo desde el 2016, y cinco años después no se resuelve. Tenemos un colapso del sistema, una paralización, y lo que redunda eso es el servicio de las personas usuarias, vulnerables, que nosotros atendemos”, denunció Alfaro Vargas.

Como hay una regla fiscal vigente que lo va a impedir, si con toda esta crisis carcelaria esto no va a tener una limitación por la Regla Fiscal, resuelta que determinados parámetros no se pueden tomar en cuenta. No faltará quien diga que si privatice los centros de detención. Llamo la atención de que la Regla Fiscal no ve más allá de la limitación presupuestaria las necesidades humanas que no guardan relación con la sensibilidad de temas tan graves” alegó Fernando Cruz, Presidente del Poder Judicial.

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“En derecho nunca hay absolutos, puede ser que con la Visita de la Jueza de la Ejecución de la Pena, y a pesar del voto de la Sala Constitucional, por el criterio de independencia, ella determine condiciones especiales para permitir su uso”, agregó Patricia Solano Castro, Vicepresidenta de la Corte.

El Poder Judicial no tiene el dato exacto de la cantidad de audiencias suspendidas debido a la imposibilidad de trasladar a un reo preso de cárceles del Sistema Penitenciario hasta celdas judiciales, pero se comprometieron a revelar el dato.

Richard Molina Mesen

Periodista y Productor Audiovisual, con más de 25 años de experiencia. Director de Elguardian.cr

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