Corte Plena insta a Comisión Legislativa no aplicar rebajo hecho por Hacienda

Razonamientos técnicos judiciales evidencian seria afectación a servicios esenciales.

La Corte Plena acordó hacer una instancia a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para no aplicar  el recorte presupuestario que sufrió la propuesta de presupuesto 2023 del Poder Judicial, por parte de las autoridades hacendarias.

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Corte Plena insta a Comisión Legislativa no aplicar rebajo hecho por Hacienda

El recorte aplicado por el Ministerio de Hacienda a la propuesta de gasto del Poder Judicial para el 2023, es de ₵7.838 millones, el cual se aplicó sin considerar ningún criterio técnico de las partidas afectadas, ni consulta alguna a la institución, señala la Corte Plena.

“Hacer una vehemente instancia a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para que, con vista de los razonamientos técnicos expuestos, no se apruebe el rebajo realizado por el Ministerio de Hacienda de forma inconsulta y sin criterio técnico al presupuesto del Poder Judicial y se mantenga el presupuesto aprobado por este Poder de la República para el año 2023”, estableció el acuerdo tomado por las magistradas y los magistrados que integran Corte Plena.

El pasado lunes, el Director de OIJ, Walter Espinoza,  también  alzó la voz ante el recorte y dijo que la institución podría enfrentar cierre técnico.

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El amplio recorte al presupuesto que dispuso el Gobierno de la República al Poder Judicial significa que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tendrá una disminución de ¢2.900 millones, lo cual deja en el horizonte la posibilidad de que la institución entre en un cierre técnico en abril del año entrante.

Según Espinoza, esto que significa que la policía judicial no contaría con los recursos necesarios para llevar adelante la labor de investigación y operación, debido a la afectación en dineros destinados específicamente para todas las pericias forenses y las investigaciones a nivel nacional, lo que perjudicará las operaciones del OIJ a partir de enero del 2023.

Dentro de las rebajas de dineros que sufrirá el OIJ se afectará en la renovación de 957 chalecos antibalas, compra de equipo para allanamientos, eliminación de las pólizas de riesgo de trabajo, reducción en el combustible, compra de reactivos químicos para realizar pruebas de ADN, balística, toxicología, análisis de drogas, etc.

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