COSEVI miente sobre RITEVE

Dice la Contraloría

La Contraloría General de la República (CGR) desmiente al Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) y señala que de ninguna manera ha avalado o autorizado a prorrogar el contrato actual de la inspección técnica vehicular.

Contraloría desmiente al COSEVI

La contraloría indica que lo que  requirió en el informe fue “Elaborar, oficializar e implementar un programa de trabajo sobre la etapa de cierre contractual y la transición hacia los nuevos prestatarios que permita garantizar la continuidad del servicio de Inspección Técnica Vehicular (RITEVE), de forma que solventen las debilidades señaladas en el citado Informe”.

Eso no fue cumplido por parte del COSEVI en todo el tiempo transcurrido durante el seguimiento del informe. Por ese incumplimiento fue que la Contraloría determinó que la disposición en referencia ha sido incumplida, por lo que procederán a realizar la valoración jurídica de dicho incumplimiento y reiteró la responsabilidad al COSEVI de realizar las acciones necesarias para asegurar la continuidad del servicio de ITV en estricta observancia al ordenamiento jurídico. En lo sucesivo, es responsabilidad de la Administración tomar las decisiones que correspondan y la aplicación de las soluciones conforme al ordenamiento jurídico.

Debe recordarse que la Administración ha tenido los últimos 10 años para planificar el cierre del contrato; la CGR emitió oportunamente (a un año de que venciera el contrato) dos informes de fiscalización de la CGR (junio del 2021 y octubre del 2021) llegando el COSEVI a la situación presente producto de su inacción, la cuál no puede solventar ahora.

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Y es que el COSEVI por medio de un comunicado  de prensa señaló que la Junta Directiva avaló y certificó el planteamiento que la Contraloría General de la República le solicitó a la Dirección Ejecutiva de este Consejo que propone, entre otras cosas, prorrogar el contrato actual de la inspección técnica vehicular a fin de garantizar la continuidad del servicio.

“La CGR en la disposición 4.6 del Informe DFOE-CIU-IF-04-2021 dispone de forma vinculante: “elaborar, oficializar, e implementar, un procedimiento que regule las etapas (planificación, ejecución y evaluación) del proceso establecido en el Art. 25 de la Ley de Tránsito sobre el servicio de IVE y todos los subprocesos relacionados…” Eso implica, que el Órgano Contralor ha ordenado que no es posible la desaplicación de esa norma en vista de que la Sala Constitucional no suspendió los efectos de la misma, en la acción de inconstitucionalidad que pesa sobre dicho artículo”.

No obstante, la Procuraduría General de la República le ha informado a la Sala Constitucional dentro del expediente 21-021-385-0007-CO, expediente que corresponde a la acción de inconstitucionalidad mencionada, que el Art. 25 (Ley 9078) es inconstitucional y que su aplicación supone autorizaciones sin concurso público. En vista de lo anterior, la Administración ha considerado que es necesario encontrar una solución alternativa que permita la continuidad del servicio mientras la Sala Constitucional resuelve la inconstitucionalidad sobre un asunto tan delicado que pesa sobre dicha norma.

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Por lo tanto, en los próximos días la Administración planteará la solicitud ante la División de Contratación Administrativa de la Contraloría para su respectiva valoración, pues no parece prudente que los riesgos asociados a la aplicación del Art. 25 de la Ley 9078 sea el curso de acción para resolver un asunto de tanta trascendencia para el país, reza el comunicado del COSEVI.

La Contraloría ha sido enfatica en este tema y señala que garantizar la continuidad del servicio es una responsabilidad de la Administración respetando el ordenamiento jurídico vigente y además indicaron   Fuente Redacción el Guardian.

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Redacción

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