Comisión de Ingreso y Gasto investigará sobreprecio de huevos y otros productos
Los miembros de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, aprobaron una moción presentada por los legisladores Jonathan Prendas Rodríguez y Yorleni León Marchena, para abrir una investigación sobre los fondos que maneja el Consejo Nacional de Producción, CNP y los presuntos sobreprecios que se está pagando por los huevos y otros productos que se entregan a los estudiantes de escuelas y colegios, como parte del apoyo que se les da producto de la pandemia.
Como primera medida en este proceso de investigación se convocó a audiencia a Rogis Bermúdez, Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Producción y a Antonio Echeverría, Presidente de la Cámara Nacional de Avicultores.
El congresista Jonathan Prendas Rodríguez, al justificar esta solicitud de investigación dijo que comprar huevos para los estudiantes, a pesar de que se evita la intermediación en la cadena de distribución, “resultan más caros que en la pulpería de la esquina”.
Por su parte la legisladora Yorleni León Marchena, quien también firmó la iniciativa, sostuvo que lo que le interesa es conocer cómo funciona el modelo de compra y comercialización de este programa de alimentos para los estudiantes.
La legisladora sostuvo que “con mucha frecuencia me reúno con miembros de Juntas de Educación quienes se quejan no solo de los huevos a punto de vencer, sino de tomates, legumbres y carnes en mal estado y con precios muy por encima de lo que se consigue en el mercado nacional”.
Compra de vacunas
Los legisladores de la comisión también le dieron el visto bueno a la moción que se presentó para llamar a audiencia a Alexander Solís, Presidente de la Comisión Nacional de Atención de Riesgos.
El objetivo de la audiencia a la que se llama a Solís, se relaciona con el propósito de conocer amplios detalles sobre la compra de vacunas, por parte de nuestro país a la empresa Pffeifer.
Contralor del AyA
En la audiencia llevada a cabo por la comisión el día de hoy, escucharon a Guillermo Arce, quien se desempeña como contralor del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
La presencia de Arce tenía como propósito, arrojar más luz al estudio que se realiza del arbitraje que se llevó a cabo contra la empresa Acciona Agua y que el país perdió y tuvo que pagar una multa superior a los $6 millones.
El principal dato que agregó el visitante a los diputados es que no es cierto que el laudo le haya costado al país $6 millones en una multa, sino que lo que en realidad se gastó fueron $2.3 millones, que fue lo que costó el proceso. Todo lo demás, según Arce, está invertido en las diferentes obras, así como en materiales que se compraron y que se han ido utilizando en las diferentes obras.
