Código Procesal Penal impide revelar informes sobre casos en investigación
El Guardián pidió acceso al expediente de estructuras paralelas y es confidencial
El Código Procesal Penal impide revelar informes sobre casos en investigación como el de las supuestas Estructuras Paralelas del Partido Progreso Social Democrático.
Código Procesal Penal
El Señor Fulano de tal nos preguntó porqué no informamos sobre la investigación en torno a estructuras paralelas del PPSD, y es sencillo, nosotros respetamos la Ley.
Diligentemente acudimos para informar a nuestra respetable comunidad y cumplir con el Derecho a la Información hasta el Tribunal Supremo de Elecciones a pedir el informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos y hasta entramos en conflicto porque ingenuamente creíamos que era de carácter público.
La respuesta de Don Héctor Fernández no nos satisfizo, pues parecía contradictoria y hasta cierto punto “Cantinflesca» para nosotros. Era un merengue sin letra, no decía nada. Escucharlo da contexto:
Código Procesal Penal lo impide
Fue necesario que Doña Andrea Fauaz, Directora de Comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones nos aclarara lo siguiente:“El informe lo preparó y presentó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, ante requerimiento del Ministerio Público, hace dos meses, tiempo desde el cual está en manos de la Fiscalía. El informe tiene carácter de confidencial y por ende, no es posible entregarlo ni referirse a los detalles del mismo, esto en acatamiento al artículo 295 del Código Procesal Penal. Precisamente por respeto a la ley no podemos entregar o referirnos al informe”.
¿Entonces quién había entregado un expediente de 149 páginas a un grupo de Medios?
Nosotros cumplimos la Ley porque creemos en el marco jurídico, y porque No es un proceso concluido, sino uno abierto en proceso de investigación; es decir comunicar cualquier cosa de ese expediente inconcluso en este momento es apear frutos aún verdes de un árbol. Su forma y sabor no será el definitivo.
La Fiscalía de Probidad deberá esperar aún el informe final del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos para tomar decisiones, porque hacerlo antes sería usar un producto sin terminar, es decir carente de fundamentos sólidos, es un cuadro sin acabar.
El Guardián respetuoso de la Ley también se apoya en ella para pedirle a las Dos partes; Fiscalía de Probidad, y TSE, respuestas al proceso de cómo se violento el Código Procesal en su artículo 295. Le pedimos certificar si están investigando una posible filtración, pues en principio creíamos que eran 2 partes, pero resulta que hay una tercera parte.
Estamos a la espera de confirmación del Ministerio Público y del TSE, pero en principio entendemos que hay un tercero en cuestión, el mismo personaje que le dio su afiliación al PLN en la anterior campaña.
Por ser el denunciante, es quien tiene acceso al expediente completo y puede sacarle copia y repartirlo. Esto sería contra la Ley, y nosotros respetamos la Ley. Ojo, tenemos que esperar respuesta de las dos partes pero por su grado de honorabilidad parece poco probable que sean ellos. Lo peor es que según un grupo de abogados consultados, la filtración de informes es cotidiana en el ámbito jurídico costarricense. Impunidad absoluta.
El Guardián divulgará el informe final del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, no antes porque está inconcluso, no acabado. Usarlo ahora dañaría sí o sí a los mencionados, de hecho ni siquiera a ellos se les ha notificado, están en indefensión, y publicar algo así es contrario a nuestra línea editorial.
Por esa razón no publicamos algo de interés público pero incompleto, y por eso insistimos en informar además sobre el vuelo a República Dominicana y el Salto al Vacío del PLN, informes que aún no están terminados.
Los Medios no estamos por encima de la Ley, de hecho pedimos su cumplimiento y por lo tanto hay que cumplir. Por más deseos de atraer las miradas a nuestros contenidos debemos respetar las reglas del juego. Cosa diferente ocurre en actos en la función pública, donde el funcionario está obligado a denunciar cuando se le pone en conocimiento de un hecho irregular.
Por esa razón no podemos decirles más del caso, porque los estaríamos embarcando, dándoles frutos verdes como si fueran frutos maduros.