Caso UPAD: Este fue el discurso del Presidente Alvarado

Este miércoles 10 de febrero, el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada llegó a la Asamblea Legislativa para comparecer ante los Diputados por el caso Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

En el espacio dado por los legisladores, 30 minutos esta fue la intervención del mandatario.

Desde el 3 de marzo del 2020 la Comisión aprobó la comparecencia del presidente de la República.

Intervención Presidencial

Costarricenses,

Les pido un momento de su atención. En estos minutos quisiera poder mirar directamente a los ojos a los 5 millones de costarricenses:

Todo el trabajo que se hizo con el análisis de datos para generar conocimiento técnico y científico para la toma de decisiones del Gobierno ha sido y fue hecho de buena fe y para servirle mejor a Costa Rica.

Vengo a rendir cuentas. Con vehemencia, pero con paz en mi corazón. Porque sé que lo único que se hizo fue por el bien superior de nuestro país.

Viéndolos a los ojos les aseguro que ni uno solo de los cinco millones de costarricenses ha sido espiado o ha visto su privacidad comprometida con los proyectos que se desarrollaron.

Viéndolos a los ojos les aseguro que ningún alcance de esta iniciativa sirvió para el beneficio particular de nadie o de ningún tercero. Nadie se robó un cinco de la plata de los costarricenses con el trabajo que se hizo u obtuvo beneficios ilegales. Tampoco, ninguno de los estudios desarrollados sirvió para algún fin político electoral. Lo garantizo por lo más sagrado.

Y digo todo lo anterior, porque esas son las calumnias que se han difundido. Esas son las insinuaciones que se han esparcido.

En todo momento se actuó de buena fe, bajo el marco legal vigente -como demostraré más adelante- y con el único objetivo de que las decisiones de política pública que debe tomar el Gobierno y la Presidencia se sustenten en evidencia científica y datos, y no en ocurrencias.

Sé que el uso de datos genera resistencias pues reduce la discrecionalidad en la asignación de recursos y el poder que algunos actores tienen para tomar decisiones a partir de criterios subjetivos o electorales. Permite hacer priorizaciones y eficiencias a partir de principios y criterios técnicos. Tengo claro que la técnica y la ciencia son aliados en la lucha contra el clientelismo y por ello los debemos impulsar.

Por lo tanto, consciente de la importancia del análisis de datos y su uso en beneficio del interés  común, desde la campaña electoral, planteé transparentemente a la ciudadanía en mi plan de Gobierno lo siguiente:

Hoy la política pública debe ejercerse desde los datos, la información, la ciencia y la creatividad humana…” (Página 2) 

Asimismo, propuse:

“Enlazar las bases de datos del MEP con SINIRUBE y otras como insumo técnico para buscar dónde están las personas excluidas del sistema educativo”

Todo lo anterior para no dejar a nadie atrás, y que nadie quede excluido del sistema educativo. Hoy dichosamente es el segundo año consecutivo que el MEP digitaliza su matrícula, lo cual impide que esta sea alterada para obtener recursos de más de forma improcedente, pero a la vez permite saber no solo quien está en las aulas, sino a quien debemos acercar a la educación.

Es decir, desde la campaña le expresé con absoluta claridad y transparencia a la ciudadanía que en mi Gobierno tomaría las decisiones a partir de criterios objetivos y científicos utilizando los mejores datos disponibles. Nada de esto fue secreto u oculto como muchos han querido mal informar. Mi objetivo es que las decisiones fueran las mejores, y que no se tomaran a partir de antojos, politiquería o caprichos. Que las decisiones tuvieran un respaldo técnico, pero también ético.

La adopción de un modelo de gestión gubernamental basado en la ciencia de datos no es una ocurrencia de Carlos Alvarado o de este Gobierno, es una necesidad en el mundo de hoy. Tampoco es nueva la idea de que los órganos de conducción del Poder Ejecutivo cuenten con unidades especializadas, al más alto nivel, para el análisis de datos y la toma de decisiones.

Los Estados más comprometidos con el desarrollo de sus pueblos han adoptado la política de análisis de datos como una herramienta y quiero compartirles 3 ejemplos:

  • La OCDE, a la cual ingresaremos formalmente en unas semanas, en sus “recomendaciones del consejo de estrategias de gobierno digital” del 2014 estableció como uno de sus pilares el que el sector público sea conducido y orientado por datos e información. De esta manera la OCDE resalta que los datos son un habilitador clave para que las instituciones del sector público trabajen en conjunto, predigan las necesidades de la ciudadanía, entreguen resultados y respondan a los cambios sociales.
  1. Plan de gobierno Carlos Alvarado, Página 2. https://carlos.cr/wp-content/uploads/2017/05/ Creer-y-crear-la-Costa-Rica-del-siglo-XXI-interactivo.

    • Por otro lado, desde hace varios años la oficina del primer Ministro canadiense implementó una unidad de entrega de resultados (Results and delivery unit) que tiene como una de sus especialidades el análisis de datos para la toma de decisiones y la medición de resultados. Y subrayo que es una unidad en la oficina del Primer Ministro. Canadá siendo la quinta democracia más sólida del mundo según el índice de la Revista The Economist.
    • Mientras que en el Reino Unido que ocupa el puesto 16 del mundo en democracia según la misma publicación, se creó dentro del “Cabinets Office” un equipo especializado en datos para incorporar en los esquemas de gobierno y de toma de decisión data science, ingeniería de datos y machine learning. También está oficina está en el 11 de Downing Street, respondiendo al primer Ministro.

Costa Rica ocupa el muy destacado puesto 19 en ese ranking. Y honrando el mandato que me dio el pueblo con su voto, desde el inicio de mi administración di la instrucción de desarrollar política pública de precisión, con la que la  que el Estado pueda llegar a las personas que más lo  necesitan o resolver los problemas que tenemos de maneras innovadoras. Una política que nos permitiera maximizar los presupuestos en tiempos de la altísima deuda heredada por décadas.

De nuevo, nadie espió a nadie, nadie se robó plata, nadie vendió información. Sí se analizaron datos, como lo hacen los países más desarrollados para gobernar mejor, como lo haría un país OCDE.

Costarricenses, entonces permítanme contarles qué fueron las cosas que sí hizo la unidad de datos.

Este equipo recibió un mandato para, dentro del marco de legalidad, actuar en beneficio de la gente, logrando procesar información de utilidad para que las políticas públicas resultaran más eficientes. En todo momento se actuó con buena fe y procurando exclusivamente el interés público.

El equipo de datos contribuyó al desarrollo de la política social de precisión, una estrategia para llevar los programas sociales a quienes más lo necesitan. El informe del Estado de la Nación del año 2020, en forma contundente señaló:

“En 2018, el Estado logró disminuir la pobreza extrema en 4,1 puntos porcentuales y la pobreza total en 5,3 puntos porcentuales mediante transferencias focalizadas a los hogares. Aunque la mayor reducción absoluta corresponde a la pobreza total, en términos relativos la pobreza extrema podría caer hasta en un 70% con las transferencias del

De las contribuciones en dinero, las pensiones no contributivas son las que individualmente reducen más la pobreza, seguidas por las becas para estudio”.

Aun en tiempos críticos, ese nivel de efectividad de la política social, se logró gracias a que los recursos se colocaron donde realmente se necesitaban, a partir de criterios de necesidad y no de clientelismo o de improvisación.

Como lo dije en esta Asamblea el 2 de mayo de 2020, gracias a la ciencia de datos hemos desarrollado las herramientas necesarias como país para erradicar del todo la pobreza extrema por ingreso en Costa Rica. Hoy lo que no tenemos es el margen fiscal, la plata, para hacerlo de manera sostenida.

Esto es tan así que la Organización de Estados Americanos, premió a Costa Rica en el mes de diciembre del año pasado por el desarrollo innovador de SINIRUBE.

En materia presupuestaria con ciencia de datos se identificaron subejecuciones históricas en subpartidas presupuestarias de todas las instituciones lo que permitió una mejor elaboración del presupuesto central en tiempos de crisis fiscal.

Entre 2010 y 2018 el gasto corriente del gobierno sin intereses enviado en el presupuesto ordinario de la República, creció en promedio un 10.1% por año. Gracias al uso del análisis de datos y frente al pronóstico de que no era posible o que se iba a paralizar el Estado, esta administración logró que en el 2019 el gasto corriente sin intereses presupuestado subiera solo un 2%, en el 2020 solo un 0.4% y en el 2021 más bien bajó un 0.1%, para un promedio en este periodo de 0.77% de crecimiento anual. Sin las herramientas de la ciencia de datos hubiera sido muy difícil lograrlo.

Se hizo un estudio del impacto de los aumentos salariales en el presupuesto de la República, de donde se pudo hacer una política balanceada que dio sostenibilidad al presupuesto a la vez permitió aumentar el salario a los oficiales de Fuerza pública, al mismo tiempo que se respetaba la normativa de la Regla Fiscal.

El análisis interinstitucional de datos permitió que lográramos una cuantificación más precisa del fenómeno migratorio nicaragüense así como de refugiados. Gracias a esto Costa Rica logró donaciones del Fondo Mundial de Refugiados y de la ACNUR por 6.3 millones de dólares para hacer frente a la temática.

El trabajo del equipo de datos permitió, por ejemplo, la asignación de más de 25 mil millones a la CNE a partir de un análisis detallado de las subejecuciones de otras instituciones. Gracias a esto, para la llegada del COVID y las tormentas IOTA y ETA, el país contaba con los recursos necesarios para atender dichas emergencias.

Otro resultado de este equipo fue la priorización de las inversiones en infraestructura del MEP. Utilizando variables de infraestructura, calidad educativa, equipo tecnológico, acceso al centro educativo, matrícula de cada centro educativo, e indicadores de pobreza y desarrollo humano, se determinó cuáles son las comunidades con mayores necesidades, de manera que los recursos escasos pueden invertirse primero donde son más necesarios. Hoy vemos esos resultados en los más de 240 proyectos de infraestructura educativa terminados entre 2019 y 2020.

Otro ejemplo lo constituye el trabajo realizado en materia de seguridad, en donde el análisis de los datos sobre criminalidad, permitió identificar patrones en la actividad delictiva, de tal manera que la fuerza pública realizara intervenciones estratégicas para mejorar la seguridad y capturar grupos criminales.

También se realizó la caracterización del hacinamiento en las cárceles según régimen y centro penitenciario del Ministerio de Justicia. Este trabajo fue posible con los insumos de la unidad de datos, algo con lo que no se contaba con anterioridad a ese nivel de precisión.

Se hizo el estudio de la flota vehicular pública para determinar su dimensión, mejor administración así como la transición a vehículos eléctricos como parte del Plan de Descarbonización.

De todos estos productos y análisis sí hay evidencia. Estaban publicados y los resultados obtenidos están ahí.

Son algunos de los resultados que ponen en manifiesto que en todo momento se procuró exclusivamente el interés público. Y fue precisamente porque esto es bueno para Costa Rica que procuré que se convirtiera en una política de Estado que pudiera ser aprovechada por futuras administraciones, y por eso YO instruí que se trabajara un decreto que diera permanencia al equipo de análisis de datos.

Como Presidente, di los términos generales para que se elaborará un decreto para darle permanencia en el tiempo a la iniciativa. Que la pudieran usar futuras administraciones.

Como queda en evidencia, una Administración Pública basada en datos para la toma de sus decisiones, es más eficiente en todas las áreas: educación, movilidad, hacienda pública, salud,  vivienda, agricultura y economía. Esa eficiencia constituye un principio inherente al servicio público reconocido y que me es ordenado por la Ley General de la Administración Pública en su artículo 4.

El órgano destinado constitucionalmente a dirigir la Administración Pública, la Presidencia de la República, coordinó ese proceso. Para ello impulsé a todas las instituciones del Poder Ejecutivo a que usaran la información disponible en el Estado, de tal manera que pudieran alcanzar los resultados más eficaces para atender los problemas del país. Lo hice conformando un equipo de trabajo de 3 profesionales talentosos y comprometidos con el país.

Cualquiera de ellos por sus destrezas, podía aspirar a un empleo mejor remunerado en el sector privado. Pero ellos decidieron trabajar en el proyecto, creo yo, porque les daba un propósito superior: que su intelecto y su esfuerzo estuviera al servicio de mejorar a nuestro país con herramientas nuevas e innovadoras. Yo creo en nuestra juventud, creo en nuestro talento humano, y creo en su capacidad. Y lo vi plasmado en los análisis para política pública que se concretaron.

El equipo que trabajó estaba amparado el artículo 139, inciso 3 y en el artículo 140 inciso 8 de la Constitución, así como en el artículo 26 de la Ley General de la Administración Pública que le otorga al Presidente el mandato de dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública central en su total conjunto, y hacer lo propio con la Administración Pública descentralizada. Es decir, me da el mandato de dirigir y coordinar las instituciones de este país.

De igual manera se trabajó al amparo de los artículos 14 y 15 de la Ley General de la Administración Pública, al amparo del principio de Estado Unitario y de las resoluciones 18505-2019 y 8782-2010 de la Sala Constitucional. Así como del artículo 8 de la ley de protección de datos que establece claramente que “Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan los siguientes fines:

  • La adecuada prestación de servicios públicos.

  • La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales.”
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En Costa Rica, los decretos se elaboran por personal técnico y legal, quienes se aseguran de que todo se ajuste al marco legal. Como Presidente, según lo señala la Ley de Administración Pública, no me corresponde la preparación y tramitología de los decretos ejecutivos. Además, esto es materialmente imposible. Solo en el 2019 me correspondió firmar más de 5100 documentos entre decretos, leyes resoluciones y otros.

Cuando firmé el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos lo hice plenamente convencido de su legalidad y de que se había cumplido con todos los trámites

necesarios para emitir el decreto. Sin embargo, con posterioridad, se detectó que el decreto contenía un error de redacción el cuál leído en forma aislada y fuera de contexto del propio artículo 7 y del resto del decreto, permitía generar interpretaciones negativas y lejanas al objetivo perseguido, por lo que de buena fe, por razones de conveniencia y oportunidad, se procedió a derogarlo.

Es importante señalar que antes del decreto no existió Unidad Presidencial de Análisis de Datos alguna. Lo que existió fue un equipo de trabajo en análisis de datos, cuyo trabajo fue de enorme importancia para el país por los resultados que ya mencioné y que en todo momento trabajó exclusivamente en procura del interés público.

Aclarado esto, y fundado en lo anteriormente expuesto, me parece fundamental desmentir categóricamente algunas afirmaciones y teorías conspirativas que se han difundido:

  1. El equipo de datos no trabajó de manera oculta previo a la publicación del decreto
  2. No hubo absolutamente nada relacionado con espionaje ni algo similar.
  3. En ningún momento se han trasladado datos a un privado, se han comercializado o utilizado para beneficio de un tercero o con fines electorales.
  4. No hubo en ningún momento mal uso de fondos públicos

En los meses que lleva esta comisión de investigación, no se ha encontrado una sola evidencia concreta de lo anterior por una razón muy sencilla: porque nada de eso sucedió.

Es falso que el equipo de datos haya actuado de manera oculta antes de la publicación del decreto. Una muestra de lo anterior es que el equipo de personas encargado del procesamiento de información para la toma de decisiones sostuvo las siguientes reuniones, en las cuales expuso a diferentes actores algunos de los resultados:

  1. Presentación de herramientas de estructura productiva, análisis demográfico laboral y análisis del cambio en las variables de empleo a representantes de la Organización Internacional del Trabajo y representantes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
  2. Presentación de herramientas de presupuesto, política social de precisión y movilidad

urbana a representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

  1. Presentación de herramienta de análisis de datos con el fin de analizar la posibilidad de que fueran utilizados para fomentar la estrategia de desarrollo territorial del Gobierno a representantes del Banco Mundial (BM).
  2. Presentación de herramientas de presupuestos y de estructura productiva a Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
  3. Presentación de la política social de precisión a líderes de opinión, periodistas y analistas políticos.
  4. Presentación de la herramienta de estructura productiva y análisis sociodemográfico laboral a representantes de UCCAEP.
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Pero más importante aún, el 10 de julio del 2018 le hice llegar a la Contralora General de la República el oficio DP-P-022-2018 firmado por mí, informando de la intención del Poder Ejecutivo de iniciar un trabajo de análisis de datos para la mejor toma de decisiones de política pública.

Cito el contenido de mi nota a la Contralora de julio de 2018:

“…aspiramos a construir una red de vínculos permanentes con una lista de instituciones, entre ellas la Contraloría General de la República, de forma que la información y las bases de datos puedan fluir de forma segura y sean un insumo de mucho valor para la correcta dirección de este Gobierno. En este caso, por ejemplo, hay un interés en estudiar la información de compras públicas de todas las instituciones del Estado y salarios del sector público. Cualquier información que sea considerada muy sensible puede ser anonimizada, dado que no interesa conocer identidades, el estudio es meramente estadístico.”

No estamos, pues, ante una unidad espía que se gestó y operó desde la clandestinidad, sino ante una iniciativa responsable, inspirada por fines nobles, orientada hacia el mejor interés público, que funcionó de manera transparente, a tal punto que inclusive se le informó al órgano contralor del Estado, el cual está supeditado a este Poder Legislativo.

Lo anterior demuestra que NUNCA existió un trabajo subterráneo, como se ha querido afirmar. Pero el ejemplo más claro de esto es que se procuró crear la unidad mediante un decreto ejecutivo. Nadie que esté realizando un acto clandestino o irregular lo publica mediante el diario oficial La Gaceta, que es casualmente el órgano encargado de dar publicidad a todas las materias de la cuestión pública.

Se ha sugerido también, que el Presidente pretendió crear una unidad para espiar a las y los costarricenses o “ejercer un control Nazi-Soviético”. Esto es absolutamente absurdo y falso, y tras meses de investigación esta comisión no ha encontrado ninguna evidencia de ello, ni la encontrará. Dicho planteamiento no es capaz de sobrevivir al examen más elemental. Costa Rica, en los tiempos que vivimos, donde nos urge un acuerdo con el FMI y donde combatimos una pandemia, no está para este tipo de teorías conspirativas. Considero irresponsable sostener una afirmación de esa naturaleza.

Costarricenses,

Quiero desmentir de manera categórica las afirmaciones absurdas que se han hecho señalando que la Presidencia, usó los datos obtenidos para política pública, para comercializarlos, venderlos a terceras personas o para fines electorales. Esta es una afirmación malintencionada que se realiza sin evidencia o sustento alguno.

Tampoco es de recibo que se diga que ha existido mal uso de los recursos públicos. Cada asesor, recibió su salario conforme los parámetros del cargo, no existió incentivo o cargo adicional.

Espero entonces haya quedado claro que: El equipo de análisis de datos no trabajó de manera oculta, no hubo espionaje, nunca se usaron datos con fines electorales o para beneficiar a un tercero y no hubo mal uso de fondos públicos y siempre se actuó bajo el bloque de legalidad que antes expuse.

Como Presidente del IMAS, busqué que las ayudas sociales del Gobierno llegaran a quienes las necesitaban. Y como Presidente de la República he sido consecuente con esa línea de acción. Si bien hubo un error de redacción en un artículo del decreto como indiqué, puedo venir a rendir cuentas con la tranquilidad de que en todo momento se ha actuado procurando exclusivamente el interés público, utilizando los datos y la ciencia para tomar las mejores decisiones posibles.

Nunca he buscado beneficio personal alguno como consecuencia de la investidura que el pueblo costarricense me confió con su voto. He dado y seguiré dando hasta el último momento de mi mandato, el mayor de los esfuerzos por lograr un país más próspero y solidario.

Soy absolutamente respetuoso del proceso judicial que se ha abierto como consecuencia de la labor dedicada a producir políticas públicas de precisión, lo afronto con la seriedad que corresponde, pero con absoluta tranquilidad. Mi trabajo es servirle a Costa Rica, y a nadie más.

Hace casi 3 años, el 8 de mayo de 2018, juré ante todo el país “observar y defender la Constitución Política y las leyes de la República”. Desde entonces he procurado actuar conforme a ese mandato.

Es por esto, que no puedo dejar de advertir que el capítulo de la historia que hoy se escribe no debe repetirse jamás y que sus posibles consecuencias todavía no somos capaces de dimensionar. No por Carlos Alvarado, sino por la institución de la Presidencia de la República, por los mandatarios o mandatarias que vendrán, pero sobre todo por nuestra democracia.

Todos quienes desempeñamos la función pública, y con especial énfasis quienes ostentamos cargos de elección popular, debemos someter nuestro actuar a las reglas establecidas en la Constitución Política.

La Constitución Política es nuestra norma máxima, en ella se establece un sistema basado en la separación de poderes independientes, indelegables e irrenunciables. Un sistema que refleja un modelo de frenos y contrapesos que protegen a la sociedad de un uso abusivo del poder.

Es en la Carta Fundamental donde se determina cómo serán las relaciones entre los 3 Poderes de la República y con absoluta claridad determina que el Jefe de Estado y de Gobierno no puede ser interpelado. No puede serlo por acto explícito en ese sentido ni puede serlo de forma velada, en clara desviación de poder, convocando al Presidente al recinto del Plenario y suspendiendo la agenda de los demás órganos legislativos, para generar una interpelación presidencial “de facto”. Y hay diputados que han usado en prensa la palabra interpelación para referirse a este espacio.

Como parte de los elementos propios del parlamentarismo que fueron incorporados por el constituyente de 1949, se prevé la interpelación de ministros y ministras de Gobierno. Nunca la del Presidente de la República.

Este órgano colegiado se ha arrogado funciones que la Constitución no le asigna, incluso luego de recibir criterios claros y contundentes de parte del Departamento de Servicios Técnicos, en sendos dictámenes de 2014 y 2021.

La ilegitimidad del acuerdo adoptado es evidente. La Ley Fundamental no les permite interpelar al Presidente de la República ni me permite acudir a una interpelación velada, como esta. No obstante, he reflexionado sobre este dilema, y en honor a la ciudadanía que me ha depositado el cargo transitorio de Presidente y en acatamiento de mi compromiso y deber con Costa Rica de rendir cuentas, es que me presento hoy con el fin de explicar al pueblo de Costa Rica acerca de las actuaciones de la Unidad de Análisis de Datos.

Mi paz y mi tranquilidad descansan en un hecho simple, que esta es la verdad.

Costarricenses, les agradezco la atención brindada. En respeto a ustedes, procederé a responder preguntas y aclarar dudas.

Muchas gracias.

Redacción

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