Caso Diamante: Se filtran datos que alertan a los Alcaldes
Datos publicados por varios medios de comunicación afectarían el curso de la investigación
A casi cumplirse una semana del destape del caso Diamante, que dejó a 13 personas personas investigadas por presuntos hechos de corrupción en la contratación y construcción de obra pública, entre ellas a seis alcaldes, cada día sale información relevante.
Alcaldes tenían la sospecha de ser escuchados
Desde que reventó en junio el «caso cochinilla», dos empresarios y tres alcaldes tenían la sospecha de que sus comunicaciones estaban intervenidas. Y estaban en lo correcto, la malicia indígena no les falló.
El juez penal de Hacienda, Manuel Morales, se sacó un as de la manga y pidió a las operadoras telefónicas reducir la velocidad de los datos de internet a tres alcaldes y dos empresarios. Aquí viene lo bueno, la reducción de datos se aplicó por dos semanas y en días laborales.
Pero cuál era el propósito, muy sencillo, evitar que los ahora investigados utilizaran comunicaciones poco rastreables como WhatsApp, entre otros y obligarlos a utilizar los teléfonos fijos o sus celulares para facilitar las escuchas telefónicas.
Según una fuente de El Guardián, la merma en la velocidad del internet fueron aplicadas al alcalde de Cartago, Mario Redondo; al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba y al alcalde de Siquirres, Mangell Mc Lean; así como al gerente de Asfalto de la empresa MECO, Luis Fernando Gutiérrez, y al propietario de MTS Multiservicios, Explotec y Gruatec, Daniel Cruz.
En el expediente indica que Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, señaló que no quería hablar de ciertos temas porqué después lo estaban grabando, y no se equivocó.
Además el juez advirtió a las operadoras telefónicas no revelar detalles y dar alguna excusa en el caso de que los ahora investigados reclamaran por la «caída en el internet».
Piden levantamiento del secreto bancario para 20 personas
La Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción pidió el levantamiento del secreto bancario para un total de 20 personas, entre ellas el alcalde Johnny Araya y su hija, pues según apunta el expediente, en la cuenta bancaria de Gabriela Araya Morera, habrían depositado $5.000 que un empresario inmobiliario regaló a Johnny Araya para ayudarlo a cubrir parte de los gastos de su defensa penal en el juicio de marzo pasado donde salió absuelto, según nos indicó la fuente.
También para el alcalde de Cartago, el alcalde Escazú, alcalde de Alajuela, Alcalde de San Carlos, alcalde de Siquirres y al alcalde de Osa.
Para empleados de la Municipalidad de San José, de Escazú, Alajuela, Cartago, Golfito, así como al gerente de MECO y un empresario de Explotec.
El Estado en su condición de víctima
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP), decidió apersonarse como parte procesal en representación del Estado en su condición de víctima, al proceso penal seguido bajo sumaria n° 20-9616-42-PE, seguido en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de San José, contra seis alcaldes, por hechos relacionados con el caso conocido como “Diamante”, los cuales se encuentran bajo investigación.
El apersonamiento en condición de víctima, le permite a la PEP tener conocimiento de la investigación, aportar prueba, y ejercer la querella y la acción civil por daño social para cobrar los daños y perjuicios en caso de que se configure un delito contra los Deberes de la Función Pública.
Lo anterior fue realizado conforme lo autoriza el artículo 3 inciso H de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y en representación del Estado Costarricense.
Datos publicados por varios medios de comunicación afectarían el curso de la investigación.
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