Caso CS: 4 con medidas cautelares y 7 para la casa
Caso CS: El Juzgado Penal de Hacienda dictó medidas cautelares en contra de 4 personas involucradas en los hechos relacionados con Coopeservidores, mientras a los restantes 7 los mandó para la casa sin medidas de por medio.
CASO CS CON LAS ÚLTIMAS ACCIONES JUDICIALES
Se trata de los imputados: 1- Óscar Hidalgo (gerente general), 2- Víctor Torres (Jefe de Cobros), 3- Bejarano Barquero (Jefe de Seguridad), y 4- Mora Arias (coordinadora de Coopefenix RL y Representante de SCLA), a los cuales les dictaron impedimento de salida, firmar una vez al mes y entrega del pasaporte por un año. En contra de los restantes 7 detenidos, el Juez determinó dejaron en libertad sin ningún tipo de acción en su contra por el momento.
En principio, la intención de la Fiscalía de Delitos Económicos era dejarlos un año en prisión preventiva, pero su argumentación legal no representó para el Juez a cargo argumentos de peso para llevar a dejarlos presos por 365 días naturales, pues al parecer consideró que no existían criterios legales suficientes respaldados por pruebas de que los 4 imputados principales fueran a impedir la investigación en curso por el caso de la quiebra de la cooperativa. La audiencia concluyó cerca de las 9 de la noche del sábado 07 de setiembre en los Tribunales de Goicoechea.
La causa que reúne el compendió de evidencia es la 24-000017-0621-PE bajo la cual los fiscales a cargo de la Unidad de Delitos Económicos investigan la comisión de delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, en perjuicio de Coopeservidores.
En redes sociales se ha conocido el ostentoso estilo de vida de los involucrados, y la absoluta falta de transparencia acerca de la realidad económica de la entidad para con sus afiliados, socios, y accionistas, los cuales recibirán como máximo 6 millones de colones como proceso indemnizatorio.
Las acciones permitieron que el Banco Popular se quedara con parte de las operaciones de CS bajo el esquema del banco bueno, mientras el banco malo está bajo la supervisión de la SUGEF para identificar activos e intentar salvar el patrimonio.
Este evento coincidió con la intervención de DESYFIN, el cual a último momento presentó un plan de un inversionista de 30 millones de dólares para regular las operaciones y darle un curso diferente a la empresa en problemas económicos por solvencia.