Este jueves 24 de abril el Plenario Legislativo aprobó con 42 votos y 0 en contra, cárcel para quienes ingresen celulares a las prisiones. El Expediente aprobado es el 24.162, denominado «Ley para sancionar penalmente a las personas que introduzcan ilegalmente teléfonos celulares, satelitales u otros medios de comunicación o electrónicos en los centros penitenciarios de Costa Rica. Dicho proyecto es presentado por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con datos suministrados por la Dirección de la Policía Penitenciaria, en diciembre de 2023 se incautaron un total de 784 teléfonos celulares, asimismo, “se logró detectar que los privados de libertad buscan otros métodos para lograr su cometido, como lo es el uso de chips internacionales que según las estadísticas de la dirección de la Policía Penitenciaria hicieron decomiso de octubre 2023 a diciembre 2023 un total de 563 chips internacionales entre ellos chips de Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Salvador, Colombia y Estados Unidos”.

El Ministerio de Justicia y Paz ha sido enfático en evidenciar la problemática mediante los numerosos decomisos de teléfonos en las cárceles.

La población costarricense, especialmente aquellos que han sido víctimas de estafas telefónicas originadas en centros penales, se verán directamente beneficiados por esta nueva ley.
La normativa también apunta directamente a personas que visitan las cárceles, funcionarios públicos, proveedores de servicios, abogados y cualquier individuo con autorización especial de ingreso que facilite o procure el ingreso de dispositivos prohibidos.

Cárcel para quien ingrese celulares ilegalmente a prisiones

Con esta aprobación por parte de la Asamblea Legislativa se busca sancionar penalmente una práctica que ha generado graves problemas de seguridad y ha facilitado la comisión de delitos, como las estafas telefónicas, desde el interior de las cárceles.

“Se impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión a quien, sin estar autorizado legal o reglamentariamente para ello, posea, introduzca, facilite o procure por cualquier medio el ingreso a un establecimiento penitenciario de modalidad cerrada, de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos de comunicación, sus componentes tecnológicos, así como tarjetas sim, que posibiliten la comunicación”.

La normativa contempla un aumento de un tercio de la pena si la introducción de los dispositivos ilegales es realizada por funcionarios públicos, proveedores de servicios, abogados en ejercicio o cualquier persona con autorización especial de ingreso sin la debida autorización. Esta agravante subraya la gravedad de la falta cuando involucra a personas con un mayor nivel de responsabilidad o acceso a los centros penitenciarios.

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