Buscan regular uso de figura de contratación pública

Una nueva forma de compras para las instituciones del Estado que garantice mayor transparencia y ahorro es el interés de los diputados de la Comisión Especial de Contratación Pública.

El grupo legislativo recibió en audiencia a la Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, quien explicó a fondo los alcances del proyecto de ley 21546 Ley general de contratación pública.

Se trata de un sistema digital unificado que aplica a las contrataciones de todos los órganos o entes, ya sean públicos o privados que empleen fondos públicos. Simplifica la gestión de las compras en dos tipos de procedimientos ordinarios y dota a los operadores de seguridad jurídica.

También depura las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación, mediante la reducción significativa del número de ellas, e introduce y ajusta algunos de los requisitos para su utilización.

En este último tema Acosta dijo que actualmente existen 24 exenciones e incluso lo que llamó “adjudicación a dedo”, lo que se quiere modificar.

La Presidenta de la Comisión, Ana Lucía Delgado, dijo que se trata de una “reforma Estado” y adelantó que la próxima semana esperan tener un texto sustitutivo al proyecto que incluya todas las aportaciones dadas por los comparecientes.

Por su parte el diputado Eduardo Cruickshank mostró la preocupación que tiene de que el proyecto incluya la descentralización de las compras para apoyar las medianas y pequeñas pymes y las empresas regionales.

El legislador Pablo Heriberto Abarca alertó del caso de la compra de los dispositivos electrónicos para los presidiarios, el cual según denunció, se dieron supuestas anomalías.

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El Ministro de Hacienda Elían Villegas acuerpó las palabras de Abarca y propuso incluir al MICIT y a Hacienda a la par del SICOP como autoridad de la contratación pública, por lo que demandan actualmente las nuevas tecnologías.

La iniciativa se basa en el principio de transparencia, con mecanismos de control, como es el caso de un registro de declaraciones juradas y la introducción de un tipo penal específico ante la inclusión de información falsa en la declaración o la participación en procedimientos de contratación sin actualizar la información que consta en ésta. Además, plantea un enfoque sustentado en planificación para alcanzar los objetivos planteados. Fuente: Asamblea Legislativa.

Redacción

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