BCIE publica contrato sobre consultoría de pensiones de lujo
Autorización del proveedor a cargo del estudio preliminar realizado en 2022
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en línea con el proceso de desclasificación extraordinario iniciado en diciembre de 2023 para divulgar los expedientes de las contrataciones relacionadas a la Cooperación Financiera no Reembolsable por US$1 millón otorgada a Costa Rica, hizo público el contrato “Solicitud de Opinión Consultiva para el Estado de Costa Rica, sobre la Compatibilidad del Proyecto de Ley para el Ajuste del Monto de las Pensiones de Lujo, para que el Estado Formule la Consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ”.
BCIE publica contrato sobre consultoría pensiones de lujo
Para materializar la desclasificación de este documento de manera que fuera categorizado como público, así como la adenda y términos de referencia, y en línea a los compromisos contractuales adquiridos por el BCIE con el proveedor, el Banco gestionó su autorización.
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Para llevar a cabo dicha consultoría, realizaron una evaluación exhaustiva de credenciales, y seleccionaron a los reconocidos juristas, expresidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carlos Ayala como consultor, así como Claudio Grossman y Juan Méndez como expertos revisores.
Sin embargo, debido a retrasos en la obtención de información actuarial necesaria por parte del Estado, el contrato tuvo que ser modificado y ajustado para ejecutarse en etapas, de las cuales se completó únicamente la primera.
Para continuar con la siguiente etapa, recientemente el BCIE aprobó a Costa Rica una Cooperación Financiera no Reembolsable por hasta US$100,000 para la elaboración del estudio actuarial que permitirá completar la consultoría. Prevén que los resultados estén listos en el último trimestre de 2024.
El objetivo final de esta iniciativa es apoyar a Costa Rica a corregir un problema de presupuesto estructural, el cual perjudica la viabilidad del sistema de pensiones nacionales debido a la creación progresiva y expansión de un sistema paralelo de “pensiones de lujo” que beneficia a determinados grupos de autoridades y funcionarios que gozan de pensiones desproporcionalmente más altas en comparación con el resto de pensiones.
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