Banqueros opuestos a impuesto a transacciones financieras

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Para la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la intención del Gobierno de aplicar un impuesto a las transacciones financieras, como parte de su propuesta al Fondo Monetario Internacional, para la estabilización económica, es una medida que afectará de forma directa a todos los clientes del Sistema Financiero Nacional.

“Los bancos reconocen la grave situación que atraviesa el país y han realizado grandes esfuerzos para apoyar a los sectores más afectados, pero nos parece que este impuesto, en el que las entidades financieras serían recaudadoras, tiene implicaciones negativas para todos los clientes, indistintamente si son personas o empresas. Además, llegaría en medio de una coyuntura muy complicada, producto de la crisis generada por la COVID-19 y la situación fiscal del país”, indicó Mario Gómez, Asesor Legal de la ABC.

Se trata de un impuesto que gravará cada transacción que una persona realice a través de un banco, financiera, mutual, puesto de bolsa o alguna otra entidad financiera y que implicará que el Estado recoja por cada transacción un porcentaje adicional, lo cual podría afectar a las empresas al momento en que paguen planillas, a las personas cuando cancelen las cuotas de sus créditos o paguen los servicios públicos, o cada vez que se utilice una plataforma bancaria para mover dinero de una cuenta a otra.

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En caso de que el impuesto sea de un 0,3%, representaría 3 mil colones por cada millón.

Algunos ejemplos: 

1- Si un cliente saca 10.000 colones de su cuenta por medio del cajero automático, el Gobierno le cobrará 30 colones.

2- Si va al supermercado y paga 200.000 colones, el impuesto será de 600 colones.

3- Si una familia o empresa pide un préstamo de 60 millones de colones, se le tendrá que cobrar un impuesto de 60.000 colones.

4- Si usted va a una soda a comprarse un casado, el impuesto hacia atrás tendrán que pagarlo:

5- El dueño de la soda cuando pagó el alquiler, los salarios, los frijoles, el arroz, los huevos y demás productos.

6- Distribuidores que llevaron los productos a la soda.

7- Las empresas que empacaron los frijoles.

8- Los industriales del arroz.

9- Los productores agropecuarios cuando compraron los insumos.

En conclusión, el casado a usted le saldrá más caro porque antes de que llegará a su mesa el Gobierno le cobró el impuesto a todo el proceso productivo.  Es decir, el impuesto usted lo paga cuando hace sus pagos, pero también los productores lo pagarán y se lo cobrarán como consumidor final en los precios.

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En el caso de los productores, industriales y comerciantes tendrán que pagar el impuesto cuando hagan pagos de salarios, servicios públicos o créditos, también cuando compren insumos o materias primas, es decir, tendrán que pagar el impuesto en cada etapa del proceso productivo.

La aplicación de este impuesto es una fuente de ingresos inmediata y continua para el Gobierno, ya que los tributos son recaudados a partir de transacciones en tiempo real, responsabilidad que recae sobre los bancos. Pero hay que enumerar otros aspectos negativos que traería consigo la medida:

  1. Desincentiva el ahorro y motiva a las personas a usar dinero en efectivo, es decir, favorece la desbancarización.
  2. Con el tiempo las personas y empresas aprenden a eludir el pago del impuesto.
  3. El uso de más efectivo pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes. Esto es caldo de cultivo para el crimen y el lavado de dinero.
  4. Genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero (offshore).
  5. Conduce a un crecimiento en el sector informal, lo que termina por perjudicar también a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Hacienda.
  6. Dependiendo de cómo se plantee el impuesto podría tener un impacto en cascada sobre los costos de producción y los precios al consumidor final.
  7. El Banco Mundial ha establecido en diversos estudios que el uso de tarjetas de crédito o débito, no solo reduce el costo asociado al uso de efectivo en casi un 50%, sino que además se convierten en mecanismos que facilitan la inclusión financiera, por lo que un proyecto de esta naturaleza indudablemente va en contra de estas recomendaciones.
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“Un nuevo impuesto en la coyuntura actual es sin duda un golpe para los costarricenses y un retroceso en el proceso de bancarización que las entidades financieras han impulsado por años”, concluyó Mario Gómez Asesor Legal de la Asociación Bancaria Costarricense.   Fuente: Prensa Asociación Bancaria Costarricense (ABC

 

Redacción

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