El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) aclaró que no tiene la potestad de definir las tarifas ni la metodología de cobro del servicio de agua potable en el país. Según explicó la institución, estas decisiones corresponden exclusivamente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), entidad encargada de establecer los esquemas tarifarios aplicables a los operadores de servicios públicos en Costa Rica.

El pronunciamiento surge tras declaraciones de la diputada Sofía Guillén Pérez y una denuncia presentada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, relacionada con la facturación del servicio de agua potable en viviendas donde varias familias comparten un mismo medidor.

Tras denuncia de Sofía Guillén, AyA aclara tarifas

De acuerdo con el AyA, su papel dentro del sistema de regulación es aplicar las resoluciones y lineamientos que emite el ente regulador. “La metodología de facturación y las tarifas del servicio de agua potable no son definidas por el AyA, sino por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), entidad que tiene la competencia legal para establecer los esquemas tarifarios aplicables a los diferentes operadores del país”, señaló la institución.

En ese contexto, el AyA explicó que todos los prestadores de servicios públicos regulados deben cumplir con las disposiciones tarifarias emitidas por ARESEP. Esto significa que la institución actúa como operador del servicio, mientras que la autoridad reguladora es la responsable de aprobar o modificar las estructuras de cobro.

Uno de los puntos que ha generado debate público es el impacto que podría tener la aplicación de la tarifa de grandes consumidores en viviendas donde varias familias utilizan un solo medidor de agua.

Según el AyA, esta situación fue advertida previamente al ente regulador. La institución indicó que comunicó a ARESEP su preocupación sobre las posibles implicaciones de esta metodología en diferentes tipos de asentamientos o edificaciones.

“El propio AyA advirtió oportunamente a la ARESEP que la aplicación de la tarifa de grandes consumidores podría generar impactos no solo en condominios, sino también en caseríos o edificaciones donde varias unidades habitacionales se abastecen mediante un solo medidor”, explicó la entidad en su pronunciamiento.

Este escenario podría afectar especialmente a comunidades donde el acceso al servicio se realiza mediante un sistema compartido, algo que ocurre en distintos sectores del país.

Tras identificar esta situación, el AyA solicitó espacios de diálogo y análisis con la ARESEP para revisar el tema. Como parte de ese proceso, se realizaron reuniones y consultas técnicas con la Intendencia de Agua del ente regulador.

No obstante, de acuerdo con el instituto, durante estas gestiones la ARESEP decidió mantener la aplicación de la metodología de facturación y el esquema tarifario vigente.

“A partir de esa preocupación, el AyA solicitó espacios de diálogo y análisis con la ARESEP, lo que permitió desarrollar reuniones y consultas técnicas con la Intendencia de Agua. No obstante, en esas gestiones el ente regulador ratificó la aplicación de la metodología de facturación y del esquema tarifario vigente”, detalló la institución.

El AyA reiteró que cualquier cambio en el sistema de cobro del servicio de agua potable debe ser evaluado y aprobado por ARESEP, debido a que se trata de decisiones regulatorias que posteriormente deben ser implementadas por los operadores.

“Cualquier modificación en la metodología de cobro o en la estructura tarifaria debe ser analizada y definida por la ARESEP, al tratarse de decisiones regulatorias que posteriormente los operadores, como el AyA, deben implementar”, señaló el instituto.

Finalmente, la institución aseguró que mantiene disposición para colaborar con las autoridades regulatorias en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar condiciones justas para los usuarios.

El AyA indicó que continuará aportando información técnica y participando en los procesos de análisis junto con ARESEP.

“El AyA reitera su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones y aportar información técnica, siempre en coordinación con la ARESEP, con el objetivo de garantizar un servicio justo, transparente y sostenible para las personas usuarias”, concluyó la entidad.

El tema mantiene relevancia pública debido a que el acceso al agua potable y la transparencia en su facturación son elementos clave para miles de hogares costarricenses que dependen de este servicio esencial.