Asamblea apura proyectos para apuntalar cuerpos policiales en lucha contra el crimen organizado
Poder Judicial entregó a la Presidencia de la Asamblea Legislativa proyecto de ley sobre ejecución de la pena
La Comisión de Hacendarios conoce propuestas que significan 20.000 millones más para el ataque al crimen organizado.
Asamblea apura proyectos para apuntalar cuerpos policiales en lucha contra el crimen organizado
La diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, explicó que “del total de recursos frescos 12.000 se destinarán al OIJ mientras que Seguridad Publica recibirá 8.000 millones, en caso de aprobarse las mociones”.
Detalló que tanto en estas como otras modificaciones presentadas los recursos provienen de la partida de intereses de deuda.
“El ataque al crimen organizado es la máxima prioridad país y por tanto no se pueden escatimar recursos”, dijo Ramírez.
También destacan mociones en el Presupuesto Ordinario para 2024, para que se le devuelva al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares las transferencias de capital que Hacienda dispuso colocar en otros títulos presupuestarios, como el caso de los recursos para vivienda.
Las mociones se empezarán a conocer a partir de este martes y la Comisión de Hacendarios tiene plazo para dictaminar el 25 de octubre.
Los Diputados plantearon 62 mociones a Presupuesto Ordinario 2024. Aquí las mociones ⇒ Cuadro mociones de fondo Presupuesto 2024 .
| Inventario de proyectos, donde los diputados acordaron trabajar en tres pilares: 1. Lucha contra el dinero del delito y narco. 2. Normas penales. 3. Normas procesales penales. Proyecto de Ley 1. Expediente 23.519: Ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio. 2. Expediente 23.737: Reforma al cumplimiento de la pena para obtención del beneficio de libertad condicional. 3. Expediente 23.746: Ley para fortalecer el registro judicial y evitar la impunidad. 4. Expediente 23.806: Ley para fortalecer los juzgados de flagrancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de los delincuentes. 5. Expediente 23.858: Ley para interceptar las comunicaciones en el delito de extorsión. 6. Expediente 22.834: Reforma a la ley 8754, Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 7. Expediente 23.134: Reforma de la Ley 8488, de 21 de noviembre de 2005, y sus reformas. Ley de emergencias y de prevención de riesgos, para que el Estado pueda atender emergencias a causa de ataques informáticos. 8. Expediente 23.575: Ley para la regulación y sanción del delito de préstamo gota a gota. 9. Expediente 23.748: Ley para complementar la lucha contra el robo de cable telefónico y otros artículos del erario público. 10. Expediente 23.411: Ley para la creación del timbre del organismo de investigación judicial. 11. Expediente 21.800: Ley de Ejecución de la Pena (anteriormente denominado) Código de Ejecución. 12. Expediente 23800: reforma del artículo 18 de la Ley n.° 1155, Ley de Opciones y Naturalizaciones, de 29 de abril de 1950. 13. Expediente 22.834: Para introducir un nuevo Capítulo V. Trámite del diferendo respecto de la aprobación del monto. Presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior, en el Título II del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Capitales Emergentes. 14. Expediente 23642: Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes. 15. Expediente 23.688: Ley del Sistema Penitenciario Nacional. 16. Expediente 23.689: Reforma art 7, 88, 88 bis y 88 ter de la Ley 7530 DE Armas y Explosivos. 17. Expediente 23.690: Ley para la modernización de la intervención de comunicaciones. 18. Expediente 23.691: Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada. 19. Expediente 23.692: Ley para restaurar seguridad pública y contener a delincuentes que representan un peligro para la sociedad. 20. Expediente 22 590: Adición del inciso 31) al artículo 6 y un transitorio VII a la ley general de telecomunicaciones, ley n.º 8642, de 04 de junio de 2008, y adición del artículo 259 bis al código. 21. Expediente 22 651: Reforma del artículo 191 de Código Procesal Penal, Ley n.° 7594, de 10 de abril de 1996, y sus reformas, para fomentar eficiencia en el levantamiento de cadáveres. 22. Expediente 22 588: Reforma de los artículos 236 y 240 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial n.º 9078, de 04 de octubre de 2012. 23. Expediente 22 552: Ley de reforma al artículo 69 de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, ley n.° 7786, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, para disminuir la impunidad por actividades delictivas relacionadas con el giro irregular de empresas offshore y otros ilícitos graves. 24. Expediente 23.978: Ley para asegurar el destino de recursos del impuesto a las personas jurídicas para inversión en seguridad. 25. Expediente 23 806: Ley para fortalecer los Juzgados de Flagrancia para garantizar el enjuiciamiento oportuno de los delincuentes. 26. Expediente: 23 746: Ley para fortalecer el registro judicial y evitar la impunidad. 27. Expediente: 22 834: Reforma a la Ley 8754 Ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 28. Expediente 21 643: Ley de creación del centro de capacitación del Organismo de Investigación Judicial. 29. Expediente 23 642: Ley de prevención de la violencia en personas en personas menores de edad y personas jóvenes. 30. Expediente 23 714: Ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas. 31. Expediente 23 713: Ley para fortalecer la seguridad ciudadana (fusión de distintos cuerpos policiales nacionales). |
Poder Judicial promueve proyecto de ley para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de penas de personas condenadas
Por su parte el Poder Judicial entregó este lunes a la Presidencia de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre ejecución de la pena que procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y el debido proceso.
Lo anterior se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo. “Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales”, manifestó Orlando Aguirre Gómez, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa fue formulada por los equipos técnicos de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General y la Defensa Publica, con el apoyo de jueces de ejecución de la pena; y se planteó formalmente este 16 de octubre en ocasión de la reunión de seguimiento de acuerdos y compromisos para combatir la inseguridad asumidos en marzo pasado por los jerarcas de los tres Poderes de la República.
Con este proyecto se pretende llenar un vacío en nuestro marco jurídico, pues actualmente no existe una sistematización de normas que regule la ejecución de la pena. De hecho, la Sala Constitucional, mediante el voto 2015019582, declaró inconstitucional por omisión el hecho que el país no cuente con una ley especial que determine la forma en que deben ejecutarse las sanciones penales impuestas, pese a que el artículo 51 del Código Penal así lo dispone. El proyecto en esencia:
– Define los principios rectores presentes de forma transversal en las actuaciones de la fase de ejecución de la pena.
– Describe derechos y deberes de las personas sentenciadas, lo que da un marco de seguridad jurídica.
– Desarrollo de las funciones del Sistema Penitenciario Nacional como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz, a cargo de las labores de control y vigilancia para la efectiva ejecución de la sanción penal. A tal efecto, se describen las principales funciones de los órganos administrativos, las modalidades y niveles de atención, valoraciones profesionales, ubicación, y régimen disciplinario. No se regula la organización del Sistema Penitenciario Nacional, por cuanto es resorte del Ministerio de Justicia y Paz.
– Se regula un procedimiento incidental que pueda responder a las diversas gestiones y peticiones de las partes, así como las funciones de vigilancia que, sobre la actividad penitenciaria, deben cumplir las personas juzgadoras.
Más proyectos
Dentro de las acciones concretas impulsadas por el Poder Judicial para combatir la creciente criminalidad en los últimos meses, se destacan el impulso de los siguientes proyectos:
