ANEP denuncia y solicita ante Fiscalía de Probidad separación de Rocío Aguilar de la SUGEF
Y también de SUPEN
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso una denuncia donde solicita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público la separación cautelar de la Superintendente General de Entidades Financieras, Rocío Aguilar Montoya.
ANEP solicita ante Fiscalía de Probidad separación de Rocío Aguilar de la SUGEF
Aparte de Rocío Aguilar Montoya también piden la separación cautelar de los miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) esto de cara a las investigaciones en curso.
Son tres denuncias en curso en contra de Aguilar Montoya:
1- Presunto delito de desobediencia a la autoridad: El pasado 21 de abril del 2023 la gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Hazel Valverde, denunció penalmente a la Superintendente por el presunto delito de desobediencia a la autoridad. La denuncia se relaciona con la falta de entrega de información solicitada por la Junta Directiva del BCCR, para tener acceso a datos integrales de todas las operaciones de crédito.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción allanó las oficinas del Concejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) en busca de pruebas contra Rocío Aguilar Montoya, el 1° de setiembre del 2023, con el fin de incautar documentos relacionados con la comisión de aparentes delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
2- Presunta participación en un nombramiento ilegal y prevaricato: La Fiscalía interpuso cargos contra Aguilar Montoya, contra miembros del CONASSIF en ese momento y, al menos, contra tres funcionarios públicos, por la presunta designación ilegal de Adrián Pacheco Umaña en una jefatura en la División de Planificación y Normativa de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).
Esta división de la SUPEN tiene un rol influyente en la superintendencia, ya que, entre otras potestades, emite la normativa de pensiones del país, determina los topes de inversión en el extranjero antes de su aprobación en CONASSIF; así como también se encarga de recopilar la información estadística sobre los rendimientos, inversiones nacionales y extranjeras, y otros datos que se reúnen en informes trimestrales para el CONASSIF.
Esta área de la SUPEN estuvo muy cuestionada en el 2022, cuando emitieron criterios técnicos que, entre otras cosas, llevaron a la pérdida de los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP); y, a una afectación directa del tipo de cambio que llevó al dólar a un valor de ₡700, lo que agudizó la inflación de aquel momento en el contexto de una pandemia por Covid-19. Posteriormente, ese jineteo de cuantiosísimos recursos de las pensiones desde Costa Rica hacia el exterior y viceversa, ha contribuido a la volatilidad del tipo de cambio.
Un informe de auditoría concluye que doña Rocío Aguilar Montoya y los otros miembros de Conassif implicados, conocían del requisito formal de la experiencia, conocían que había existido una selección de cuatro personas que se dijo que cumplían con todos los requisitos necesarios, sabían que uno de ellos era Pacheco Umaña, y tuvieron a su alcance numerosos indicios de que no cumplía con el requisito de experiencia en puestos de jefatura por cinco años. Sobre este particular no se conocen avances en el proceso y si el Juzgado Penal de Hacienda estableció una fecha para la audiencia preliminar.
A pesar de no cumplir con el requisito de experiencia de 5 años necesarios para aplicar al puesto, fue nombrado en el puesto clave, según la relación de hechos RH-AI-CONASSIF-2-2022, lo que pone en duda la transparencia y legalidad del proceso
3-El caso de Coopeservidores: El pasado 24 de mayo abrió la Fiscalía de Probidad abrió una causa para investigar las actuaciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (Conassif) y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores).
La SUGEF conocía que la cartera de crédito de la indicada cooperativa se había reducido en ₡14.050 millones entre 2009 y 2016, con una reducción especialmente grave de ₡6.587 millones, en 2014.
La SUGEF tenía advertencias sobre la situación que llevó al cierre de Coopeservidores, pero no actuó oportunamente, lo que aceleró la intervención y posterior resolución de inviabilidad financiera de la cooperativa.
En el caso de Coopeservidores se llevó a una intervención, que a criterio de los asociados y demás partes interesadas, aceleró su descalabre. Se tiene la tesis de que la SUGEF debió implementar un plan remedial antes de la intervención, con la afectación a más de 131.000 personas asociadas, 326 asociaciones solidaristas y 700 personas trabajadoras sin empleo.
“Nos preocupa que Aguilar tiene vela en el entierro con el caso de Aldesa, en la situación de la caída de los rendimientos de los fondos de pensiones del ROP que se invirtieron en el exterior y ahora con Coopeservidores y otras incongruencias que creemos que es peligroso que continúe en ese alto cargo del sistema financiero porque los especialistas señalan que se está perdieron la confianza en el sistema financiero”, señaló Albino Vargas.
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