Aldesa va apelar y culpa a todos por su destino final

ALDESA apelará el destino final de la compañía, después del anuncio del Juzgado Concursal de iniciar el Proceso de liquidación de la empresa.

ALDESA y su rechazo de cargos

En nota enviada a los inversionistas el 25 de Julio, Javier Chaves Bolaños, Presidente de ALDESA, intenta desligarse de responsabilidades en el destino final de la entidad que preside:

«Cuando, hace tres años, Aldesa inició un proceso de convenio de acreedores para el pago ordenado de los pasivos, la empresa tenía activos suficientes y una estrategia para confiar en que razonablemente podría cumplir con los inversionistas. Emprendimos esa ruta con buena fe y con datos que respaldaban la propuesta, seguros de que el desenlace no tenía que ser este que vemos ahora.

Los convenios de acreedores existen para proteger los intereses de los inversionistas, no de los deudores. Dentro del convenio el deudor -en este caso Aldesa- presenta un plan de pagos que los acreedores aceptan o rechazan. Al ordenarse la liquidación no se da la oportunidad a los inversionistas de votar sobre la propuesta de pago.

Paradójicamente, el Juzgado acogió la solicitud de una inversionista, Flora Fernández y del abogado Ronny García, que no representan ni el uno por ciento de los acreedores, en perjuicio de más del 99 por ciento.

Al cambiar la propuesta por una liquidación, el Juzgado nombrará a un Liquidador, quien deberá «subastar» los activos en un plazo de tan solo seis meses. Todos sabemos que salir a vender en estas condiciones, en vez de desarrollar esas propiedades como era nuestra propuesta, hará que se destruya severamente el valor de los activos, en perjuicio de los inversionistas» dice el texto que una fuente entregó a El Guardián.

Para la Jueza Jennifer Arroyo Chacón la interpretación es diferente pues razona que las deudas son mayores a las de propiedades de ALDESA.

Chaves Bolaños insiste en que afectaron justamente ese proceso cuando «Un primer detonante fue que, inexplicablemente, el juzgado permitiera el remate bancario sobre parte importante de terrenos del proyecto Monte del Barco, clave para el plan de recuperación. Para explicarlo resumidamente, la regla es que solo se puede rematar una propiedad sometida a un convenio de acreedores, si el remate es notificado antes de la apertura formal del convenio. En nuestro caso, el convenio fue aprobado en julio del 2020, sin que constara en el expediente la convocatoria del remate, que se efectuó en febrero del 2021, es decir, fuera del plazo y en contraposición a lo que dicta la norma. El juez debió preservar el patrimonio en beneficio de todos los acreedores y no favorecer a uno solo.

El efecto directo de dicho remate fue un ajuste contable en el Fondo Monte del Barco que, al sacar ese activo de su balance, tuvo como resultado un incremento en la razón de endeudamiento, la cual sobrepasó el 60 por ciento que permite la normativa aplicable a este tipo de fondos de inversión».

De todas formas, un grupo de inversionistas pide declarar Quiebra Fraudulenta el Proceso y ésto implicaría un proceso penal que podría poner a Javier Chaves Bolaños tras las rejas o inhabilitación de cargos entre los 2 y 6 años, o entre 3 y 10 años. Aquí un Link que lo explica detalladamente. Imágenes proporcionadas por Flora Fernández con fines ilustrativos.

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