Acuerdo FMI y Costa Rica, diputados tienen dudas

Legisladores de diferentes fracciones manifestaron dudas y reservas sobre los proyectos de ley que el gobierno envió a la Asamblea Legislativa para mejorar las finanzas públicas y como parte de los acuerdos con el FMI para obtener un crédito por 1750 millones de dólares.

El legislador de Nueva República, Jonathan Prendas, expresó que su fracción analizará con lupa todas las iniciativas, para asegurarse de que no impacten a quienes menos tienen. Entre los proyectos que analizarán a fondo, el congresista citó el del impuesto a casas de lujo y renta global.

Audio diputado Jonathan Prendas

En cuanto al impacto del trámite de estas iniciativas en la agenda legislativa, el diputado Prendas Rodríguez sostiene que será significativo pues aseguró es necesario analizar con cuidado si lo negociado por el Poder Ejecutivo con el FMI fue lo adecuado para el país.

La agenda contempla nueve proyectos de ley, de los cuales ocho ya se encuentran convocados en el actual periodo de sesiones extraordinarias. Una de ellas es la ley marco de empleo público que se discute en la Comisión de Gobierno y Administración bajo el expediente 21.336.

Para el jefe de la bancada oficialista, Enrique Sánchez Carballo, estos proyectos, empezando el de empleo público, son fundamentales para sanar las debilitadas finanzas públicas y poder hacer frente a los retos que el país tiene a futuro.

Audio diputado Enrique Sánchez

Otra iniciativa es el proyecto de ley de impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social.

Este lo analizarán los integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos y está asignado bajo el expediente 22.354. Además el de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, que será discutido bajo el expediente 22.369 en la misma Comisión.

La propuesta de reducción del gasto público mediante la eliminación de plazas vacantes y congelamiento de aumentos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional se le asignó el número de expediente 22.368 y se discutirá en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Por su parte la propuesta de ley sobre renta global dual se tramita bajo el expediente 22.383, la iniciativa de ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal está bajo el expediente 22.384, el expediente 22.364 es la reforma a la Ley General de Aduanas y el impuesto a las casas de lujo tendrá el número de expediente 22.382.

Estos proyectos apenas inician con su trámite legislativo a la espera de ser trasladados a las comisiones respectivas para su discusión y análisis.

Finalmente está por ser presentada la iniciativa que salió de la mesa multisectorial promovida por el gobierno y que planteó la propuesta de vender la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) al Banco Popular por una única vez.

Ante esta agenda de proyectos de ley, el jefe de fracción de la bancada socialcristiana, Rodolfo Peña Flores, no ocultó su malestar por la falta de iniciativas para la reactivación económica.

Audio diputado Rodolfo Peña Flores

El gobierno definió como prioritario el trámite de estas iniciativas durante el período de sesiones extraordinarias por considerar que son fundamentales no sólo para tener acceso al crédito con el FMI sino también para enfrentar los efectos de la crisis.

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Además, se compromete a no aumentar el IVA, ni el impuesto a los bienes inmuebles, a no eliminar el aguinaldo, ni privatizar el agua, a no vender instituciones ni poner impuestos a las transacciones bancarias. Todas estas medidas fueron objetadas en su momento por distintos sectores de la sociedad.

OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS

Ley marco de empleo público, expediente 21336 Esta iniciativa ingresó a la corriente legislativa en el 2019 y actualmente está en su trámite de primer debate en el Plenario Legislativo con el conocimiento por parte de la comisión dictaminadora de las mociones de fondo presentadas por los diputados.

El proyecto busca avanzar en material salarial hacia un esquema basado en funciones y competencias, bajo un modelo global que garantice un mejor servicio público y evite el crecimiento acelerado del gasto público.

Es por ello que se introduce el modelo de salario global para los funcionarios que ingresan por primera vez a trabajar para el Estado, o que se reinsertan al sector laboral luego de haber roto la continuidad por un plazo determinado.

Este modelo busca asegurar la equidad salarial, lo que permitiría avanzar en la eliminación de las distorsiones, estableciendo condiciones igualitarias entre quienes realizan las mismas funciones sin importar la institución para la cual laboran

Otro de sus objetivos es la eliminación de distorsiones que durante muchos años han generado desigualdades en el sector público, así como garantizar transparencia y la democratización de los procesos de reclutamiento, bajo la implementación de plataformas tecnológicas para la publicación de concursos y reclutamiento.

El expediente 22.383 Renta Global Dual propone que, a partir del 2023, el impuesto sobre la renta sea calculado sobre todos los ingresos de las personas físicas contribuyentes, sin importar el origen de los fondos.

Actualmente, dependiendo de dónde provengan los ingresos de las personas (salario, ingresos independientes, rentas de capital, etc.) están gravados de distintas maneras, y no se unifican esos ingresos para calcular el impuesto sobre la renta.

Con la propuesta presentada cada persona deberá pagar renta según su ingreso total, menos las deducciones y condiciones contempladas en la ley.

Respecto a esta iniciativa, la fracción de Restauración Nacional manifestó su oposición al planteamiento de heredar deudas tributarias, y de golpear aún más el bolsillo de las familias ampliando la base de cobro, y elevando el monto del tributo. Así lo aseguró el diputado Carlos Avendaño Calvo.

“El proyecto de renta global constituye una verdadera propuesta abusiva y perversa al pretender que, ante la muerte de un contribuyente, sus sucesores tendrán que seguir pagando la deuda. ¡Eso es un abuso! Restauración Nacional rechaza rotundamente el intento del Gobierno de heredar las deudas tributarias”, dijo el congresista.

Así mismo manifestó el rechazo de la agrupación de la intención de gravar los fondos de pensiones complementarias como parte del proyecto.

“Es completamente improcedente e inaceptable, la intención del Gobierno PAC de meterle impuestos al ROP y al FCL. Es un ahorro que los trabajadores hacen para asegurarse una mejor vejez, y no es posible que, nuevamente quieren meterle impuestos a este tipo de pensiones” expresó
Audio diputado Carlos Avendaño Calvo

Otro de los proyectos que forman parte del acuerdo con el FMI es el expediente 22369 ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal.

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Las propuestas

Ante la grave situación fiscal que enfrenta el país, el Poder Ejecutivo sostiene que es necesaria la búsqueda de más ingresos frescos que permitan disminuir los efectos del panorama por lo que el proyecto plantea varias medidas.

Propone una modificación a las tarifas del impuesto de remesas al exterior. Se propone aumentar en cinco puntos porcentuales los pagos que se hacen por remesas al exterior, estas constituyen rentas de fuente costarricense por servicios y otros conceptos que se reciben por parte de empresas o personas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica.

En cuanto a los ajustes a las rentas de capital, se propone una homologación inmediata de las rentas del capital a la tarifa general del 16,5%. durante dos períodos. El ajuste busca evitar sesgos que permitan disminuir el efecto positivo en la redistribución de los ingresos por medio de tratamientos tributarios privilegiados o reducidos por la vía de las rentas del capital.

Otra de las iniciativas corresponde al expediente 22382 que establece un impuesto a las casas de lujo. Propone una modificación al gravamen vigente estableciendo que se aplicará a todo inmueble, urbano o rural, que contenga una o más construcciones e instalaciones fijas y permanentes, que constituyan una unidad habitacional, utilizada como vivienda habitual, ocasional o de recreo, aunque esté ubicada en fincas independientes o en edificios parcialmente ocupados por construcciones destinadas a otros usos.

De aprobarse la iniciativa se estima que se estaría aplicando a las casas cuyo valor superen los 150 millones de colones pagando un 0,5% de impuesto, por lo que la medida según el Ministerio de Hacienda afectará únicamente al 2 % de las propiedades que tienen un valor registral (casa más terreno).

La propuesta deja por fuera del pago del impuesto aquellos inmuebles en donde se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales y/o comerciales.

Además, se exoneran del pago del impuesto a los bienes inmuebles, las propiedades del Gobierno central y las municipalidades, los declarados patrimonio histórico y arquitectónico, así como los pertenecientes al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), a la Universidad Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) y a la Universidad para la Paz.

También quedan fuera del pago los bienes inmuebles, propiedades de Asociaciones o Fundaciones autorizadas para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta.

Otra de las medidas que el gobierno presenta para mitigar los efectos de la crisis fiscal es un aporte solidario por parte de las empresas publicas financieras a través del expediente 22384.

La propuesta establece que aquellas empresas que generan utilidades disponibles después del pago de impuestos y cualquier otra carga, giren, por un periodo de cuatro años, un aporte solidario cuyo porcentaje máximo sería hasta el 30% de dichas utilidades.

Con la medida se espera recaudar por año lo equivalente al 0,20% del PIB y sus recursos, serían destinados a atender el pago del servicio de la deuda (amortización e intereses).

Entre las instituciones a las que se propone aplicar la disposición se encuentran los bancos Nacional y de Costa Rica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, el INS, Correos de Costa Rica, ICE, AyA, INCOFER, INCOOP, JAPDEVA, Junta de Protección Social y RECOPE entre otras.

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Por su parte, con el expediente 22.354 que busca crear un impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social, la idea de recaudar el 0.09% del Producto Interno Bruto al imponer una tasa del 25% a los premios que superen medio salario base sobre los premios de las loterías nacionales, rifas, juegos y demás productos de azar.

La iniciativa de reducir el gasto público mediante la eliminación de plazas vacantes y congelamiento de aumentos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional que se analizará en el expediente 22.368 define que durante el 2021 y hasta el 2025 no podrá utilizarse ninguna plaza vacante en los Ministerios, sus órganos desconcentrados, dependencias adscritas y demás órganos que conforman el Poder Ejecutivo.

La nueva disposición establece que se entiende por vacante todo puesto en el que no existe persona ejerciendo las funciones y responsabilidades, sea puesto interino o en propiedad.

Para el 2021 los contenidos presupuestarios de toda plaza vacante deberán ser rebajados antes del 30 de junio de 2021 y los recursos liberados del presupuesto deberán ser rebajados a su vez de la amortización del Servicio de la Deuda Pública, dando prioridad a aquella de más alto costo.

Durante 2022, 2023, 2024 y 2025 se aplicará lo mismo en los presupuestos que sean aprobados, de manera tal que antes del 30 de junio de cada año, deberá procederse a la eliminación del código y contenido de las plazas vacantes que se hubieren generado.

Con relación al congelamiento del ajuste por costo de vida de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional que definió que no se ajustarán por ningún concepto las pensiones con excepción de aquellas inferiores al salario base mensual del “Oficinista 1” que aparece en la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República.

Finalmente y con la idea de actualizar e incorporar nuevas tendencias se presentó el expediente 22.364 Reforma a la Ley General de Aduanas que incluye nuevos términos que pretenden poner orden en ese ámbito.

Dentro de ellos está la inscripción en el registro tributario, el pago diferido, la declaración aduanera acumulada de importación, la inspección no intrusiva, la modalidad de mercancías alquiladas o con contrato de arrendamiento leasing, cambios en importación de mercancías con valor mínimo así como nuevos procedimientos para la solicitud de requisitos no establecidos en la normativa.

Asimismo, se reforman una serie de artículos ya existentes que permiten darles una mayor claridad, actualizarlos, darles mayor operatividad o incluirle elementos para una mejor aplicación, tales como la figura de control aduanero, solidaridad del agente aduanero, regularización, garantías, mercancías faltantes y sobrantes, rectificación de la declaración, delitos aduaneros e infracciones administrativas, entre otros.

Los trámites de estas iniciativas mantendrán la atención de los legisladores tanto en comisiones como en el Plenario Legislativo, donde las negociaciones y los acuerdos serán necesarios para su aprobación final ya que el FMI espera la aprobación de todo el plan a más tardar en junio con tal de otorgar el préstamo al país.

Fuente: Asamblea Legislativa.

Adalie Aguirre Apú

Periodista graduada en la Universidad San Judas Tadeo más un Postgrado en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo. Personalmente me gusta escribir sobre temas que aporten un beneficio al ser humano.

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