Proyecto de ley propone excluir la educación pública de la regla fiscal
Un nuevo proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica propone excluir la inversión en educación pública de la aplicación de la regla fiscal, con el argumento de garantizar el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución Política.
La iniciativa, denominada “Ley para excluir la inversión en educación pública de la aplicación de la regla fiscal”, fue impulsada por la Comisión Especial de Educación y plantea una reforma al inciso m) del artículo 6 de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
¿Qué busca el proyecto?
El objetivo central es asegurar que el Estado destine al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública, tal como lo establece la Constitución.
Según el texto presentado, la propuesta surge tras reiterados señalamientos de la Sala Constitucional, que ha indicado que el financiamiento educativo constituye un “fondo atado por designio constitucional”, lo que implicaría que no puede ser limitado por normas de rango legal ordinario, como la regla fiscal.
De acuerdo con la exposición de motivos, la aplicación de la regla fiscal ha generado restricciones presupuestarias que impactan áreas como:
- Cobertura educativa
- Calidad de la enseñanza
- Infraestructura
- Programas de equidad
- Ejecución presupuestaria del sector
- Argumentos a favor de la reforma
El diputado Valverde Méndez, presidente de la Comisión Especial de Educación y proponente del proyecto, señaló que la reforma busca corregir lo que considera una contradicción jurídica.
“La Constitución es clara: la educación pública tiene un financiamiento mínimo garantizado. No puede estar subordinada a techos de crecimiento que impiden cumplir ese mandato. Esta reforma restituye el orden constitucional y protege el futuro de miles de estudiantes”, afirmó el legislador.
Asimismo, indicó que excluir la educación de la regla fiscal no significa desconocer la importancia de la disciplina financiera.
“La educación no es un gasto prescindible; es la inversión más estratégica que tiene Costa Rica para reducir desigualdades, fortalecer la democracia y promover el desarrollo humano. La sostenibilidad fiscal debe convivir con la protección de los derechos, no atropellarlos”, agregó Valverde Méndez.
¿Qué instituciones quedarían excluidas?
La reforma propone excluir expresamente de la regla fiscal todos los niveles, programas e instituciones de educación pública, incluyendo:
- Infraestructura educativa
- Becas
- Comedores escolares
- Transporte estudiantil
- Universidades públicas
- El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
- Colegios universitarios
- El Consejo Nacional de Rectores (CONARE)
Además, el proyecto establece que los recursos excluidos no podrán ser redirigidos a otros rubros sujetos a la regla fiscal.
Próximos pasos en la Asamblea Legislativa
La iniciativa será remitida al trámite legislativo correspondiente para su análisis y discusión en el plenario y en comisión. Sus impulsores señalan que la intención es brindar seguridad jurídica, fortalecer la planificación educativa y asegurar el cumplimiento efectivo del mandato constitucional del 8% del PIB destinado a educación pública.
El debate se dará en un contexto marcado por la necesidad de equilibrio entre sostenibilidad fiscal y garantía de derechos fundamentales, un tema que ha generado discusión en distintos sectores políticos y sociales del país.
