Plenario Legislativo aprueba en segundo debate reforma al Código Penal contra el sicariato
La Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate una reforma al Código Penal que establece penas de hasta 40 años de prisión para el delito de sicariato, como parte de una estrategia para fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y la violencia asociada a estructuras criminales.
El proyecto, presentado por el diputado David Segura, de la fracción de Nueva República, introduce por primera vez en la legislación costarricense la tipificación del sicariato como un delito autónomo, diferenciándolo del homicidio calificado y reconociendo su complejidad dentro de las dinámicas del crimen organizado.
Plenario Legislativo aprueba en segundo debate reforma al Código Penal contra el sicariato
La iniciativa modifica el artículo 112 bis, estableciendo sanciones de entre 25 y 40 años de cárcel para quienes asesinen por encargo, promesa de pago u otro beneficio, ya sea de forma individual o como parte de una organización criminal.
Hasta ahora, estos delitos eran sancionados bajo figuras penales generales, sin un tratamiento específico que reflejara su impacto social y su vinculación directa con economías ilícitas como el narcotráfico.
La reforma también incorpora el artículo 280 bis, que sanciona con penas de 3 a 5 años de prisión a quienes ofrezcan, soliciten o promuevan servicios de sicariato, así como a quienes participen en la preparación, entrenamiento o facilitación logística de estos crímenes.
Este enfoque amplía la responsabilidad penal más allá del autor material, incorporando a intermediarios y colaboradores dentro de la cadena criminal.
Debate legislativo y posiciones encontradas
El proyecto fue aprobado tras un extenso debate parlamentario. Legisladores de partidos como Liberación Nacional y Frente Amplio manifestaron reservas sobre el endurecimiento de penas, señalando preocupaciones sobre el sistema penitenciario y la efectividad del enfoque punitivo.
No obstante, la mayoría legislativa respaldó la reforma, argumentando que responde al deterioro de los indicadores de seguridad y a la creciente demanda ciudadana de acciones contundentes contra el crimen organizado.
Costa Rica atraviesa un período de aumento en los homicidios relacionados con disputas criminales. Las autoridades han identificado el sicariato como uno de los principales factores detrás de esta tendencia, lo que ha impulsado reformas legales orientadas a fortalecer la capacidad disuasiva del sistema penal.
