Defensoría frena golpe al bolsillo: Rechazan alzas en pasajes de autobús
En una acción contundente para proteger la economía de las familias costarricenses, la Defensoría de los Habitantes presentó una oposición técnica formal ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) contra las solicitudes de aumento en las tarifas de autobús para tres rutas clave del país.
La institución fundamentó su rechazo tras detectar graves deficiencias estructurales, inconsistencias estadísticas y una amenaza directa al principio de servicio al costo.
Defensoría frena golpe al bolsillo: Rechazan alzas en pasajes de autobús
Las rutas afectadas por estas propuestas de ajuste son San José-Hatillo (Ruta 90), San José-Alajuelita (Ruta 94) y la ruta 514 en Upala.
Uno de los puntos más alarmantes señalados por la Defensoría es la falta de racionalidad en los incrementos solicitados.
En el caso de Upala, la propuesta contempla alzas que superan el 300% en ciertos tramos. Por otro lado, en la ruta de Hatillo-Alajuelita, se plantean ajustes de hasta un 29%. Según el ente defensor, estos montos «vulneran el principio de asequibilidad progresiva y representan una barrera económica que limita el acceso al trabajo, la salud y la educación».
La institución advierte que la población en situación de vulnerabilidad sería la más perjudicada si se aprobaran estas tarifas sin estudios de impacto socioeconómico real.
Datos irreales y fallas operativas
El análisis económico reveló que las empresas operadoras utilizaron bases de datos con «graves inconsistencias» para justificar los aumentos. Por ejemplo, en la Ruta 94 (Alajuelita), se reportaron días con carreras ejecutadas pero con cero pasajeros movilizados, además de caídas atípicas en la frecuencia de viajes.
Asimismo, al contrastar los datos de las rutas de Hatillo y Upala con los registros oficiales de ARESEP, se evidenciaron diferencias drásticas que sugieren una subestimación de la demanda real. La Defensoría fue enfática al señalar que: «La persona usuaria final no debe asumir el riesgo ni el costo económico derivados de los errores o debilidades administrativas del operador».
Para la Defensoría, aprobar estos ajustes implicaría un retroceso en los derechos económicos y sociales de los habitantes. La tesis institucional es clara: las tarifas deben basarse en volúmenes de pasajeros reales y estudios técnicos verificables, no en estadísticas sin justificación material.
Con esta oposición, se busca garantizar que el costo del transporte público sea justo y proporcional, evitando que errores en la gestión empresarial se traduzcan en un cobro injustificado para quienes dependen diariamente del autobús para movilizarse.
