¡Agua pura para Crucitas! Sala ordena fin a contaminación
La reciente resolución de la Sala Constitucional sobre la problemática de la minería ilegal en Crucitas, San Carlos, no impone nuevas obligaciones al Ministerio de Salud, sino que respalda las acciones que la institución ha venido ejecutando de forma sostenida en la zona.
Según indicó la institución, “la reciente resolución de la Sala Constitucional sobre Crucitas no impone nuevas obligaciones al Ministerio de Salud. Más bien, reconoce y respalda ahora con carácter judicial las acciones que esta institución ha venido ejecutando de manera responsable y sostenida dentro de sus competencias”.
¡Agua pura para Crucitas! Sala ordena fin a contaminación
El fallo surge a partir de un recurso de amparo que denunció omisiones por parte del Estado frente a la minería ilegal, actividad que ha generado impactos ambientales y sociales, incluyendo contaminación de fuentes de agua con sustancias como mercurio y arsénico, así como riesgos para la salud y la seguridad pública.
Desde hace varios años, el Ministerio de Salud ha mantenido presencia activa en la zona, enfocándose en la protección de las comunidades. Entre las acciones destacan la vigilancia de la calidad del agua, el abastecimiento mediante camiones cisterna, la supervisión de tanquetas y la atención de denuncias ciudadanas, en coordinación con otras instituciones.
La Vicepresidenta de la República y Ministra de Salud se refirió al tema con lo siguiente:
En ese sentido, la institución enfatiza que “el trabajo no empieza hoy, ni responde a una orden judicial: ya se estaba haciendo”, lo que evidencia una continuidad en las acciones orientadas a garantizar derechos fundamentales como el acceso al agua potable y la salud pública.
La resolución de la Sala Constitucional también ordena medidas adicionales a distintas entidades del Estado, como el refuerzo de la seguridad en la zona, el control migratorio y la elaboración de un plan integral interinstitucional en un plazo definido. Asimismo, se establece la obligación de asegurar el suministro continuo de agua potable y avanzar en proyectos de infraestructura hídrica para las comunidades afectadas.
Para la población, estas disposiciones representan un avance en la protección de sus derechos, especialmente en temas de salud, acceso a agua segura y condiciones ambientales adecuadas.
No obstante, el Ministerio de Salud advierte que las acciones actuales han sido principalmente paliativas. “Hoy estamos destinando importantes recursos públicos para sostener una situación que no tiene una solución de fondo”, señala el pronunciamiento.
Ante este escenario, se hace un llamado directo a la Asamblea Legislativa para impulsar el proyecto de ley 24.717, presentado por el Poder Ejecutivo, como una alternativa para abordar la problemática de manera estructural.
“Costa Rica necesita decisiones valientes. No podemos seguir administrando el problema; tenemos que resolverlo”, concluye el mensaje institucional.
