Tribunal rechaza extradición en caso “Macho Coca” por principio constitucional
El Tribunal Penal de Limón rechazó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra una persona de apellido Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”, en el marco del llamado caso “PetroCoke”. La decisión judicial se fundamenta en principios constitucionales relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo y la protección de la seguridad jurídica de las personas.
Según informó el Poder Judicial, la resolución se basa principalmente en el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 34 de la Constitución Política de Costa Rica. Este principio indica que una norma jurídica no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia cuando esto perjudique a la persona investigada.
Tribunal explica por qué no procede la extradición de “Macho Coca”
De acuerdo con la explicación oficial, los hechos que se le atribuyen al imputado habrían ocurrido antes de que se reformara la Constitución para permitir la extradición de ciudadanos costarricenses.
“Porque los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido antes de que se reformara la Constitución Política, que ahora permite extraditar costarricenses”, señala la información divulgada por el Poder Judicial.
La reforma constitucional que habilita la extradición de nacionales costarricenses entró en vigencia el 28 de mayo de 2025. Sin embargo, en este caso específico, las investigaciones señalan que los hechos bajo análisis habrían ocurrido entre marzo de 2022 y agosto de 2023.
Debido a esta diferencia temporal, el tribunal consideró que aplicar la reforma a hechos anteriores violaría el principio de irretroactividad de la ley.
Qué significa que la ley no se aplique retroactivamente
El concepto de irretroactividad de la ley es un principio básico del derecho que busca garantizar seguridad jurídica a las personas.
Según la explicación del Poder Judicial, “la reforma a la Constitución no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia si eso perjudica a la persona investigada”.
Este principio protege a las personas de que se les apliquen normas que no existían al momento de los hechos que se investigan. En otras palabras, evita que cambios legales posteriores modifiquen la situación jurídica de eventos pasados cuando esto resulte perjudicial.
Además, se aclara que esta limitación aplica principalmente a las normas de fondo o sustantivas. “Solo las normas de fondo (como este caso) no se pueden aplicar retroactivamente; las procesales sí”, detalla la explicación institucional.
Este tipo de garantías forma parte del sistema de protección de derechos y busca asegurar que las personas conozcan de antemano las consecuencias legales de sus actos.
El imputado continúa en prisión preventiva
El rechazo de la extradición no implica la liberación del imputado. Las autoridades judiciales confirmaron que Bell Fernández permanece en prisión preventiva, medida que fue decretada por un juez de la República.
“Bell Fernández permanece en prisión preventiva decretado así por un juez de la República”, indica la información oficial.
El sospechoso figura como imputado dentro del caso conocido como “PetroCoke”, y las investigaciones continúan bajo la dirección del Ministerio Público.
Esto significa que el proceso penal sigue en curso dentro del sistema judicial costarricense, independientemente de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses.
La resolución aún puede ser apelada
La decisión del Tribunal Penal de Limón no es definitiva. La resolución cuenta con un plazo de tres días hábiles para que las partes presenten un recurso de apelación.
“La resolución tiene recurso de apelación en el plazo de 3 días hábiles. No es una resolución firme”, se indicó.
En caso de que se presente dicha apelación, corresponderá a un Tribunal de Apelación de Sentencia Penal analizar el caso y determinar si mantiene o modifica el criterio adoptado por el tribunal de primera instancia.
Mientras tanto, las autoridades judiciales también señalaron que, si corresponde legalmente, los hechos investigados podrían ser procesados y juzgados dentro del territorio costarricense.
De esta manera, el caso continúa su curso en el sistema judicial nacional, mientras se definen los siguientes pasos procesales y eventuales recursos legales dentro del proceso.
