2 Ingenieros ticos recibieron pago en Bitcoin por secuestro y muerte de extranjero

Detenidos en Montes de Oca

2 Ingenieros ticos cayeron en manos de agentes de Legitimación de Capitales del OIJ por recibir dinero pagado como rescate por liberar al estadounidense William Sean Creighton Kopko, secuestrado y cuyo cuerpo fue encontrado en un cementerio en Quepos. Era la parte final del operativo Kopko.

2 Ingenieros Ticos caen

El suceso ocurrió en septiembre del 2018, cuando perpetraron el secuestro y pidieron 900 mil dólares por el rescate que nunca tuvo resultados positivos pues no liberaron a la víctima, sino lo mataron y enterraron en Quepos.

Se trata de 2 costarricenses de apellidos Molina y Morales, capturados en un apartamento en Vargas Araya y el otro en el sector del Higuerón en San Pedro.

La policía española colaboró con la investigación al igual que Agentes de la sección de Cibercrimen del OIJ.

2 Ingenieros que tenían que ver con los hechos

De acuerdo con publicación del Ministerio Público “La noche del 24 de setiembre del 2018, un empresario estadounidense, identificado como William Sean Creighton Kopko, desapareció de manera misteriosa en la noche del 24 de setiembre del 2018, cuando viajaba de regreso a su casa tras dejar a un amigo en Granadilla de Curridabat. Esta persona era dueña de una casa de apuestas ubicada en el país.

Ante esa situación, las autoridades recibieron una denuncia de la esposa del ofendido, por lo que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en colaboración con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), llevó a cabo una serie de diligencias importantes para determinar lo ocurrido.

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De esa manera, el Ministerio Público descubrió el plan delictivo de una familia, la cual secuestró a Creighton y pidió dinero a cambio de su libertad. A pesar de haber recibido una suma millonaria en moneda virtual, asesinaron a la víctima y huyeron del país, sin embargo, en mayo del 2022, fueron sentenciados a cárcel por los hechos.

El fiscal José Ángel Peñaranda Chaverri, quien participó en la investigación y representó al Ministerio Público durante el juicio, explicó que, a parte del abordaje realizado a los familiares del ofendido, el OIJ realizó un rastreo telefónico, lo que permitió determinar quién era el líder de la organización criminal, así como identificar a las otras personas que participaron en el acto delictivo.

De acuerdo con Peñaranda Chaverri, las primeras diligencias permitieron establecer que se trataba de un grupo familiar, pues vinculaba a una persona con su mamá, abuela, tío y novia. Según acreditó la Fiscalía, este grupo contó con la colaboración de oficiales de tránsito, que facilitaron el secuestro de la víctima.

“Pudimos determinar que había un plan trazado con gran anterioridad y gran planificación. Los roles eran muy específicos, algunos se encargaron del manejo de la información de las criptomonedas, otra del sitio del cautiverio y otros ejecutraron actos materiales como vigilancias, seguimientos y contactos”, señaló el fiscal.

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El fiscal Peñaranda mencionó que el estudio que había realizado el grupo criminal hacia el ofendido y su familia, les había permitido identificar cuál era la persona que, dentro de la empresa de Creighton, manejaba el tema de las billeteras electrónicas, ya que es a quien recurrieron en primera instancia.

A la banda las condenaron a un total de 515 años de prisión por los delitos de  asociación ilícita, secuestro con muerte y robo agravado.

Todo fue planeado por un hombre de apellidos Morales Vega, de 28 años, su madre Vega Aguirre, de 49, la abuela del líder del grupo de apellidos Aguirre Leal de 75 años, la novia del líder de apellidos Solís Chaves, de 27, todos condenados a 50 años como la pena máxima.

La adulta mayor prestó la casa para retener al estadounidense, quien terminó muerto, y sepultado en Quepos.

Además dos oficiales de tránsito de apellidos Jirón López, condenado a 35 años por los delitos de asociación ilícita y robo. Y Medrano Vargas y le impusieron 25 años por secuestro y robo.

Una maestra de apellidos Sanabria Abarca y un guarda de la UCR de apellidos Martínez Chacón, conocido como ‘Buda’, recibieron la misma sentencia de 65 años, readecuada a 50 años de prisión como pena máxima.

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Salida del país y detención.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, una vez que los imputados lograron obtener el beneficio económico y, tras el asesinato de la víctima, huyeron primeramente de Panamá a Cuba y luego viajaron a España, donde, según la Guardia Civil Española, buscaron lugares de alta plusvalía para vivir, como lo son los sectores de Alicante y Zaragoza.

El fiscal especializado explicó que, según datos obtenidos en la investigación, los sujetos planeaban viajar a un tercer país que no tuviera convenio de extradición con Costa Rica.

Según Peñaranda, desde las primeras horas posteriores a la denuncia del secuestro, cuando se realizaron los rastreos por parte de la policía judicial, lograron tener conocimiento e identificar a algunos de los participantes, lo que también resultó en la generación de alertas migratorias internacionales, que permitieron seguir el rastro de los imputados en Panamá, Cuba y España.

Tras varias coordinaciones entre las autoridades de España y Costa Rica, de manera simultánea, se ejecutaron diligencias de allanamiento, las cuales permitieron detener tanto a los imputados que se encontraban en ese país europeo como los que se mantenían en territorio nacional.

Faltaba por detener a estas 2 personas, Ingenieros a cargo de la operación de cobro del rescate con las monedas electrónicas.

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Richard Molina Mesen

Periodista y Productor Audiovisual, con más de 25 años de experiencia. Director de Elguardian.cr

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