Su captura se efectuó esta mañana, durante siete allanamientos en cuatro oficinas de la Universidad de Costa Rica (UCR), sede Rodrigo Facio, así como en la constructora Navarro y Avilés (Curridabat), y en las casas de los imputados.

Las diligencias de allanamiento buscan recabar prueba de interés para una investigación que se sigue en contra de estos, ya que, al parecer, entre el 2017 y el 2020, recibieron y supervisaron la infraestructura que alberga el Laboratorio Ciclotrón PET/CT.

La acción fue parte de las diligencias propias de un procedimiento preparatorio, tras una denuncia penal interpuesta por la misma institución durante la administración anterior y relativa a procesos constructivos financiados con préstamos del Banco Mundial (BM). La institución confirma que se detuvieron a dos personas que en la actualidad son funcionarias de la institución.

Las oficinas allanadas fueron el Centro de Informática, la Oficina de Suministros, la Contraloría Universitaria, la Oficina de Planificación Universitaria y la Oficina de Jurídica.

De acuerdo con la investigación, la empresa constructora citada antes fue la encargada del diseño y edificación. Sin embargo, se cree que los imputados omitieron la inspección de la obra y dieron por recibida a satisfacción.

No obstante, la UCR incurrió en un plan remedial por acciones correctivas, para solventar problemas en la infraestructura y operación del laboratorio, ocasionando costos adicionales. Ante esa situación, la FAPTA investiga si se habría generado un pago indebido de $2.455.167.479 y €5.104.247.