Un juez federal de Hawaii bloqueó el nuevo decreto migratorio de Donald Trump

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La nueva versión del veto migratorio del presidente Donald Trump recibió un primer revés judicial horas antes de que entrara en vigencia. El juez federal de distrito Derrick K. Watson, de Hawaii, congeló su aplicación en todo el territorio de los Estados Unidos.

Mientras tanto, otros dos jueces —uno de Maryland y el mismo magistrado del estado de Washington que frenó el primer veto— estudian casos que podrían implicar también la imposibilidad de aplicar el decreto por el cual se impide el ingreso con visas nuevas de nacionales de seis países de mayoría musulmana.

Con su primer veto migratorio, emitido el pasado 27 de enero, Trump prohibía la entrada al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irak, Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán) durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días. En el caso de los refugiados sirios, esa suspensión era indefinida. Ahora, sólo Irak fue removido de ese listado.

Además, permitirá la entrado a todos aquellos que ya tengan un visado. Eso sí, el válido es aquel emitido antes de las 17 hora local (22.00 GMT) del 27 de enero, la fecha en la que se emitió la primera orden ejecutiva sobre inmigrantes y refugiados.

Otra novedad es que el nuevo decreto no afectará a los ciudadanos que poseen la tarjeta de residente permanente (“green card”), un permiso que permite a los extranjeros trabajar en el país y solicitar la ciudadanía estadounidense.

El Gobierno dejó claro que la nueva orden no afecta a los residentes permanentes, un grupo de ciudadanos que vivió gran confusión en los días siguientes a la proclamación del anterior veto del 27 de enero debido a que las autoridades detuvieron en los aeropuertos a personas con permiso de residencia.

Una vez que se reanude la admisión de refugiados en EEUU, se permitirá la entrada de un máximo de 50.000 en el año fiscal 2017, un límite idéntico al contenido en la primera versión del veto, emitido en enero y cuya ejecución fue suspendida por un juez federal.

Esa cifra límite reduce a menos de la mitad el tope marcado para ese mismo año fiscal por el Gobierno del ex presidente Barack Obama, quien había autorizado la entrada de un máximo de 110.000 refugiados, un aumento del 57 % respecto de 2015.

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