UCCAEP rechaza privilegios en pensiones del Poder Judicial

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Foto de Defensoría del Consumidor Costarricense

La Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), cuestiona los privilegios odiosos y desmedidos que ostenta el régimen de pensiones del Poder Judicial y reitera que es de suma urgencia entrar a discutir una transformación de todos los regímenes para que sean equitativos.

“No se puede seguir destinando fondos a un sistema de pensiones que enfrenta déficit y que soporta privilegios odiosos y desmedidos. Es urgente que se le ponga un tope a los montos de las pensiones, pues la tendencia actual es insostenible y traerá consecuencias adversas para las finanzas públicas y por ende, para todos los costarricenses”, dijo Franco Arturo Pacheco, presidente de UCCAEP.

Para el sector empresarial es evidente que el sistema de pensiones del Poder Judicial es un régimen de lujo, poco equitativo y con varios privilegios, pues basta con 30 años de cotización para pensionarse, se otorgan pensiones sin tope y algunas superan los ¢9 millones, mientras que en el régimen del IVM la pensión máxima es de ¢1,5 millones.

“Sabemos que los índices de vida han aumentado y por lo tanto una persona pensionada desde los 55 años evidentemente tendrá un costo significativo en los regímenes de pensiones, de ahí que es vital garantizar que los jóvenes que hoy ingresen al Poder Judicial, tengan una pensión, pues de lo contrario podríamos caer en un grave faltante de estos profesionales y sin el nivel de seguridad jurídica que necesita el país para garantizar su adecuado desarrollo social y económico”, recalcó Pacheco.

Según datos de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en tres años, las pensiones del Poder Judicial han crecido en más ¢2 mil millones y ya genera un déficit de más de ¢5 mil millones.

“Apoyamos la búsqueda de soluciones, pues en este régimen; la edad de pensión debe subirse, no se pueden permitir pensiones adelantadas y se debe establecer un tope máximo, pero ninguna de esas medidas debe ser trasladada al presupuesto nacional, pues la suma de derechos desproporcionados va en detrimento de la ciudadanía dada la carga fiscal”, recalcó Pacheco.

El sector es consciente de que las personas que han dado décadas de esfuerzo al servicio del país merecen ser recompensadas, siempre y cuando ese reconocimiento se enmarque dentro de las posibilidades reales del Estado y no ponga en riesgo la estabilidad financiera nacional.