Diputado pide al presidente Solís no firmar decreto que afecta a transportistas de estudiantes

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El diputado del Frente Amplio, Francisco Camacho, solicitó por medio de una carta al presidente Luis Guillermo Solís, que descarte el decreto que plantea una nueva reglamentación para la explotación de servicios especiales de transporte (busetas y microbuses).

El legislador considera que dicha propuesta generaría al sector una fuerte afectación y disminuiría sustancialmente sus ingresos. Además, somete a los pequeños y medianos buseteros a la mano despiadada del mercado de transporte manejada por los grandes concesionarios, hoy “dueños” del Consejo de Transporte Público (CTP).

El decreto obligaría a pintar todas las unidades de amarillo Caterpillar, disminuiría de 20 a 15 años la vida útil de las unidades, prácticamente elimina los permisos especiales cuando no sean vinculados al traslado de trabajadores y estudiantes y obliga a suscribir un bono de garantía por un monto elevado, entre otras exigencias.

“Estamos siendo responsables y alertando al señor presidente de que este decreto no puede ser firmado, estamos en contacto con los sectores de transporte de estudiantes, trabajadores y turismo, y ellos están muy preocupados con esta situación. Acudimos a la manifestación que el gremio hizo (este miércoles) frente a las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y ahí entregaron una carta las autoridades de esta institución que va en la misma línea que nosotros planteamos al mandatario”, explicó el frenteamplista Camacho.

Camacho agregó que los buseteros conforman un sector que ya está muy regulado y lo que está haciendo falta en carretera es que estas regulaciones se hagan cumplir.

“Los oficiales de tránsito no están cumpliendo realmente con sus obligaciones y por esta razón reina la ilegalidad, con transportistas que ejercen labores que no les corresponden”, aseguró el congresista.

El diputado Camacho es del criterio que la situación del transporte público debe atenderse de manera integral, por lo que propone la creación de una Comisión Interventora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en vista de las reiteradas deficiencias en la mayoría de los órganos de desconcentración máxima adscritos a esa entidad. Al mismo tiempo, recomienda que esta misma Comisión Interventora estudie la posibilidad de cerrar el CTP.